Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Transparencia Internacional, la legislación colombiana debe fortalecer su competencia investigativa con entidades como la Supersociedades y la Fiscalía General de la Nación; es urgente una ley que proteja a los denunciantes de actos de soborno e incentive a las empresas a adoptar programas de ética.
Esta semana Transparencia Internacional publicó su informe Exportación de la Corrupción 2018, en el que se calificaron 44 países según la eficacia de su lucha contra el soborno transnacional. En este, Colombia con un 0,2 % de las exportaciones globales y con el inicio de una única investigación en el 2017, hace parte de los 22 países de la categoría de cumplimiento escaso o nulo, en la que se concentran el 39,6 % de las exportaciones mundiales.
Cabe recordar que en nuestro país aunque la Supersociedades ha anunciado varias investigaciones, la primera y única sanción por soborno transnacional se presentó este año por el caso de Inassa, multada por esta entidad con $5.078.073.000, por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016.
En este informe, entre las páginas 38 y 40 se le dedica un espacio a Colombia en el que realizan seis recomendaciones:
Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, ha dicho que es necesario avanzar en el fortalecimiento de las autoridades competentes en esta materia y en la sensibilización sobre las repercusiones del soborno transnacional en las empresas colombianas, «pero sobretodo se deben fortalecer las medidas y mecanismos prácticos para favorecer la denuncia efectiva en este tema”.
Para Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, «es inaceptable que tanto comercio mundial sea susceptible de padecer corrupción sin que haya consecuencias», quien también critica la posición de los gobiernos que se comprometieron a implementar y hacer cumplir la legislación contra el soborno a servidores públicos extranjeros en las convenciones de la OCDE y de la ONU, pero que al día de hoy, muchos de ellos siguen sin investigar importantes casos de corrupción que involucran a empresas estatales y a políticos de alto nivel.
«Estos casos tienen un efecto especialmente dañino y, son, además, los ciudadanos los que más sufren sus consecuencias», dice Ferreira Rubio.
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