Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Las cifras fueron reveladas por el mismo ministro del Trabajo, Rafael Pardo, en un foro sobre el tema organizado por Anif y Asofondos. Desde el punto de Anif se debe plantear una medida que seguramente causará polémica como es la de aumentar la edad de jubilación de 62 a 65 años para los hombres y eventualmente, de 57 a 60 años para las mujeres, en vista de que la esperanza de vida ha aumentado.
Para Sergio Clavijo Vergara, su presidente, la reforma deberá reducir las promesas de pensión (tasa de reemplazo pensional) y corregir el desbalance de preferencias entre los dos regímenes que funcionan en el país: el de Prima Media que recibe subsidios pagados por la Nación y con 1,6 millones de cotizantes activos, y el de Ahorro Individual, que administran fondos privados de pensiones (AFP) y contabiliza 4,3 millones de afiliados.
Dentro del complejo problema de las pensiones también hay dos factores a tener en cuenta como son la elevada informalidad laboral y la muy baja constancia en los aportes de los afiliados a pensiones. Solo el 15% de la Población Económicamente Activa (PEA) cotiza a pensiones todos los meses.Hoy, más de 1,6 millones de personas, que equivalen a alrededor del 20% de la población en edad de pensionarse, están jubiladas y todas, salvo las del RAIS, reciben subsidios, los cuales van a parar a los bolsillos de quienen tienen los más altos ingresos, principalmente por cuenta de los regímenes especiales.
Según Fedesarrollo, el gasto público en pensiones pasó de ser el 0,8% del PIB en 1990 a 4,1% del PIB en el 2010. Esta cifra beneficia a cerca de un millón de pensionados, lo que contrasta con el gasto público en educación básica y media, donde en el 2009 un gasto de 4,4% del PIB benefició a 9,4 millones de individuos.
Para el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, la inestabilidad laboral lleva a que pensionarse en Colombia demande un gran esfuerzo entre los afiliados, en cualquiera de los dos regímenes: aunque en el Régimen de Ahorro Individual no se establece un mínimo de semanas tal como en el ISS, en el Régimen de Prima Media se exigen 1.225 semanas cotizadas, lo que equivale a 24 años de vida laboral y, “en un país donde el mercado laboral registra altos índices de informalidad, cumplir con estas metas de cotizaciones o de recursos acumulados exige un esfuerzo significativo para los afiliados”. Así lo publica La Patria.
El BEP es un sistema de ahorro para los trabajadores con ingresos por debajo del mínimo al que se le adicionará, al final de la vida laboral, un subsidio estatal igual al 20% de lo ahorrado. De la sumatoria del ahorro, sus rendimientos y el apoyo del presupuesto nacional saldrán las mesadas vitalicias inferiores al mínimo.
Como lo publica Portafolio, los BEP contemplan la posibilidad de que los aportes al RPM y al RAIS de quienes no se puedan pensionar engrosen las cuentas de ahorro en vez de devolvérselos a los cotizantes.
La meta del Gobierno es que en los próximos tres años se abran siete millones de cuentas de ahorro en el esquema BEP, el cual será objeto de una intensa promoción en todo el país.
Rosario Córdoba G, Presidenta del Consejo Privado de Competitividad, la reforma tributaria presentada al Congreso no era la esperada. En columna publicada en Portafolio, se afirma que la reforma atacaría una de las causas del desempleo y la informalidad, como son los sobrecostos a la nómina, e iría al corazón de la competitividad de quienes generan empleo formal.
«La informalidad en Colombia, empresarial y laboral, supera el 60%; una de las más altas de América Latina. Afecta la productividad, excluye de la seguridad social a los que se mantienen en ella, perpetúa la pobreza y va en detrimento de la competencia al permitir la coexistencia de empresas que operan por fuera de la ley, no pagan impuestos, ni prestaciones sociales y, mucho menos, parafiscales», dice Córdoba.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se concentró en los sobrecostos a la nómina y, en particular, en los parafiscales a cargo de los empleadores que tienen como fin la financiación del ICBF y el Sena.
Para Córdoba, la reforma beneficia a las empresas que son altamente generadoras de empleo, así como a las que el grueso de su nómina devenga menos de 10 salarios mínimos. Para las organizaciones intensivas en capital, el alivio será menor, aunque de ninguna manera irrelevante.
«Si bien los sobrecostos a la nómina son una de las causas de la informalidad, no hay que perder de vista que para combatirla se requiere trabajar, igualmente, en las otras causas que la generan. Es la única forma de inclinar la balanza hacia la formalidad», concluye.
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