¿Cómo opera la redención de pena para reclusos según el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025?

La Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia protegió la favorabilidad, debido proceso y libertad de un recluso que solicitó aplicar el beneficio de redención de pena de 2 días por cada 3 días de trabajo establecido en el artículo 19 de la reforma laboral.

¿En qué consiste la redención de pena en Colombia?

En Colombia, el sistema penal contempla la posibilidad de que una persona condenada obtenga una reducción en el tiempo de su pena a través del mecanismo denominado redención de penas.

El beneficio de redención de penas permite que quienes se encuentran privados de la libertad disminuyan su condena mediante el desarrollo de actividades laborales, educativas o de resocialización dentro del establecimiento carcelario.

La redención de penas constituye una figura jurídica orientada a fomentar la rehabilitación y reintegración social de las personas condenadas, brindándoles la oportunidad de acortar su tiempo de prisión al demostrar, mediante su conducta y participación en programas formativos o productivos, su disposición al cambio.

Estas actividades pueden incluir el trabajo penitenciario, la formación académica o la vinculación a programas terapéuticos, culturales o sociales.

Caso de estudio

El accionante había sido condenado a 59 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Posteriormente, solicitó ante el juez de ejecución de penas la redosificación de su condena, teniendo en cuenta el trabajo que realizaba dentro del establecimiento carcelario.

Además, anteriormente se le había reconocido una rebaja de pena conforme al artículo 82 de la Ley 65 de 1993, que permite descontar un día de cárcel por cada dos días de trabajo.

Sin embargo, el condenado solicitó que se aplicara el beneficio del artículo 19 de la Ley de reforma laboral 2466 de 2025, el cual estableció una redención de dos días de reclusión por cada tres días de trabajo, lo que resulta más favorable para las personas privadas de la libertad.

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En un principio, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga negó su solicitud, y el Tribunal Superior de Buga confirmó esa decisión, pero al revisar el caso, la Corte Suprema de Justicia reiteró que el principio de favorabilidad penal es una garantía constitucional aplicable cuando hay cambios legislativos y la nueva norma resulta más beneficiosa para el condenado, especialmente si ambas regulaciones tratan el mismo asunto con consecuencias jurídicas distintas.

La Corte Suprema de Justicia señaló que, aunque todavía no existe reglamentación sobre el reconocimiento del trabajo en centros penitenciarios como experiencia laboral, esto no impide aplicar la redención de pena bajo los nuevos criterios de la Ley de reforma laboral 2466 de 2025, pues ese aspecto ya se encuentra regulado y no existe vacío normativo.

El fallo concluyó que la nueva disposición legal es más beneficiosa para las personas privadas de la libertad en cuanto a redención de pena por trabajo. También precisó que el hecho de que el interno ya hubiera recibido una rebaja anteriormente no impide revisar su situación bajo una norma posterior más favorable, porque la Constitución consagra de manera expresa el principio de favorabilidad en materia penal.

Desde la perspectiva doctrinal y de política criminal, el fallo articula una concepción resocializadora de la ejecución de la pena: el trabajo en los centros penitenciarios no solo sirve para la distinción retributiva, sino que es un mecanismo de reinserción que debe traducirse en una mayor eficacia del tiempo de redención de la pena.

La Corte Suprema de Justicia reprochó a los jueces de instancia por la interpretación restrictiva que desconoció la finalidad constitucional de la favorabilidad y la obligación de revisar situaciones ya decididas cuando sobreviniera una normativa más favorable.

Con esa línea argumentativa el alto tribunal sostuvo que la redención por trabajo es un derecho exigible y no una mera liberalidad administrativa o judicial.

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