Concepto 487 de 23-08-2013

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  • Publicado: 23 agosto, 2013

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Concepto 487
23-08-2013

Asunto. Su solicitud de concepto.(1)

Cordial saludo:

Señala la consulta objeto de estudio que “Teniendo en cuenta que el servicio de agua caliente en dicho edificio es comunitario la administración ha procurado advertir a los propietarios hacer uso racional de este líquido y aunque el consumo no es desmedido, la asamblea general de copropietarios ha demandado en lo posible individualizar el cobro de este servicio ya que actualmente existe un contador de agua caliente para cada predio”; en ese orden de ideas, solicita que se determine si actualmente existe alguna manera en la que se pueda individualizar el cobro por el servicio, atendiendo los siguientes interrogantes:

1. ¿Cuál es la viabilidad de hacerlo?
2. ¿Cuáles son las incidencias que pueden afectar el cobro?
3. ¿Quién debe realizar el cobro dentro del marco legal?
4. ¿La proporción para hacer el cobro en caso de que lo deba realizar la administración?
5. ¿En caso de hacerse cargo la empresa proveedora del servicio directamente cómo realizaría la facturación?
6. ¿Cómo la administración debe realizar la facturación en caso de hacerlo directamente?

Al respecto, es preciso advertir que el presente documento se formula con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(2), toda vez que los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en respuesta a una petición en la modalidad de consulta, constituyen orientaciones y puntos de vista que no comprometen la responsabilidad de la Entidad, en la medida que no tienen carácter obligatorio ni vinculante.

En ese orden de ideas, no es posible para esta Oficina Asesora Jurídica resolver en la instancia de conceptos situaciones de orden particular y concreto como la que se plantea para el Edificio TORRENOVE P.H.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero(3) del artículo 79 de la Ley 142 de 1994(4), modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001(5) esta Superintendencia no puede exigir que los actos o contratos de las empresas de servicios públicos se sometan a su aprobación, ya que el ámbito de su competencia en relación con éstos, se contrae de manera exclusiva a vigilar y controlar el cumplimiento de aquellos que se celebren entre las empresas y los usuarios (artículo 79.2(6) de la ley 142 de 1994). Lo contrario podría configurar extralimitación de funciones, así como la realización de actos de coadministración a sus vigiladas.

Ahora bien, una vez leídos los términos de la consulta, para esta Oficina no resulta clara la referencia al “servicio de agua caliente”, en la medida que el régimen de los servicios públicos únicamente contempla el servicio de acueducto o de agua potable entendido como “la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición”, al tenor de lo dispuesto por el numeral 14.22 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994.

Entendemos que cuando usted hace relación a que el “servicio de agua caliente en dicho edificio es comunitario”, podría referirse a que el agua caliente es suministrada por el mismo edificio a cada uno de los habitantes a través de una caldera, calentadores u otros mecanismos comunales, que en todo caso, comportan medidas que deben ser adoptadas por la copropiedad, inclusive así lo señala la consulta cuando señala que “la asamblea general de copropietarios ha demandado en lo posible individualizar el cobro de este servicio ya que actualmente existe un contador de agua caliente para cada predio”.

De conformidad con lo anterior, sus inquietudes serán atendidas de manera general en los siguientes términos:

Sobre el particular, conviente señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, el usuario tiene derecho a que el consumo se mida y sea el elemento principal del precio, para lo cual se emplearán los instrumentos que la técnica ha hecho disponibles. En ese sentido, los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos.

Vale resaltar que, por regla general, la medición del consumo se hace a través de la diferencia real de lecturas, entendiéndose como la diferencia que arroja el equipo de medida entre un período de facturación y otro y, sólo de manera excepcional, a las empresas de servicios públicos les está permitido el cobro de tales servicios por promedio o por aforo, como en efecto lo dispone el artículo 146 antes citado.

Por su parte, el artículo 16 del Decreto 302 de 2000, modificado por el artículo 5 del Decreto 229 de 2002, señala que tanto las unidades habitacionales o no residenciales que conforman una copropiedad, como sus áreas comunes, deben disponer de medidores individuales que permitan facturar los consumos, en los siguientes términos:

“Artículo 5°. El artículo 16 del Decreto 302 de 2000, quedará así:

Artículo 16. De los medidores generales y de control. En el caso de edificios o unidades inmobiliarias cerradas podrá existir un medidor de control inmediatamente aguas abajo de la acometida. Deben existir medidores individuales en cada una de las unidades habitacionales o no residenciales que conforman el edificio o las unidades inmobiliarias o áreas comunes.

Las áreas comunes de edificios o unidades inmobiliarias cerradas deben disponer de medición que permitan facturar los consumos correspondientes. De no ser técnicamente posible la medición individual del consumo de áreas comunes, se debe instalar un medidor general en la acometida y calcular el consumo de las áreas comunes como la diferencia entre el volumen registrado por el medidor general y la suma de los consumos registrados por los medidores individuales.” (Subrayas fuera de texto).

En ese sentido, unos son los consumos que generan los usuarios que habitan cada uno de los predios que conforman la copropiedad y que se facturan individualmente, de conformidad con la ley y el contrato de condiciones uniformes, y otros, los que generan las áreas comunes de la copropiedad, frente a lo cual será responsable la persona jurídica de la copropiedad, como usuaria, para el pago de los servicios públicos domiciliarios ante la empresa.

Por su parte, el parágrafo del artículo 32 de la Ley 675 de 2001(7), respecto de la facturación de los servicios a las zonas comunes de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, dispone lo siguiente:

“Artículo 32. Objeto de la persona jurídica.

(…)

PARÁGRAFO. Para efectos de facturación de los servicios públicos domiciliarios a zonas comunes, la persona jurídica que surge como efecto de la constitución al régimen de propiedad horizontal podrá ser considerada como usuaria única frente a las empresas prestadoras de los mismos, si así lo solicita, caso en el cual el cobro del servicio se hará únicamente con fundamento en la lectura del medidor individual que exista para las zonas comunes; en caso de no existir dicho medidor, se cobrará de acuerdo con la diferencia del consumo que registra el medidor general y la suma de los medidores individuales…”

Ahora bien, siendo claro que a la luz del artículo 144 de la Ley 142 de 1994, es obligación de los usuarios y/o suscriptores contar con instrumentos de medición del consumo, disposición que es ratificada en el sector de acueducto y alcantarillado por el artículo 15 del Decreto 302 de 2000, al señalar que “…Para el caso de edificios de propiedad horizontal o con dominios, de ser técnicamente posible, cada uno de los inmuebles que lo constituyan deberá tener su medidor individual”, resulta apenas lógico que el servicio de acueducto sea facturado a cada usuario, con base en la medición arrojada por el equipo de medida, por la empresa prestadora del servicio público domiciliario.

Nótese entonces que entre las personas facultadas para el cobro de los servicios públicos, se encuentran las empresas de servicios públicos, de acuerdo con el artículo 15 ibídem; de manera que será aquélla persona prestadora con la que el usuario tenga suscrito el contrato de condiciones uniformes, la que deberá proceder a facturar el cobro del servicio.

Tratamiento diferente merece la situación de que una propiedad horizontal, ofrezca el servicio de calentar el agua a los residentes o copropietarios de un edificio, en tanto que hace parte de una actividad comunitaria, es decir, para todos los habitantes, y que desarrolla la copropiedad a través de calderas, calentadores u otros mecanismos, y no la empresa de servicios públicos domiciliarios.

Bajo este supuesto, es necesario partir de la hipótesis de que la copropiedad no podría ofrecer el servicio de calentar, si no cuenta con el agua. Así las cosas, teniendo presente que cada uno de los inmuebles que conforman la propiedad horizontal, deben estar provistos de su respectivo medidor individual, se colige que el agua utilizada por la propiedad horizontal para ofrecerla caliente a los habitantes del edificio, comporta un consumo cuya facturación debe ser asumido por la misma propiedad horizontal, en tanto que, de acuerdo con su solicitud, es ella quien ofrece el servicio de agua caliente y por lo tanto se convierte en la consumidora inicial.

Desde luego, en atención al parágrafo del artículo 32 de la Ley 675 de 2001(8) “…el cobro del servicio se hará únicamente con fundamento en la lectura del medidor individual que exista para las zonas comunes; en caso de no existir dicho medidor, se cobrará de acuerdo con la diferencia del consumo que registra el medidor general y la suma de los medidores individuales.

Sobre el particular, ha señalado esta Oficina Asesora Jurídica(9) que “…cuando es constituida una propiedad horizontal nace una persona jurídica conformada por los propietarios de los bienes objeto de dominio de cada una de las personas que ostentan dicho derecho real. La finalidad de la propiedad horizontal es realizar una administración correcta y eficaz de bienes de bienes y servicios de interés común, así como los asuntos, también del interés común de los propietarios.

Así, se deslinda el derecho de propiedad de cada inmueble que conforma la propiedad horizontal del derecho de los bienes comunes de la misma, cuya representación corresponde a la persona jurídica creada, así pues, no le es dado a los organismos que dirigen la persona jurídica creada, limitar el acceso a los servicios públicos por parte de los usuarios que habitan o utilizan los inmuebles, ni limitar la elección del prestador del servicio y del proveedor de los bienes necesarios para la obtención o utilización de los mismos.”

En ese sentido, corresponde a la administración del edificio determinar la manera de calcular el consumo del agua caliente por cada uno de los propietarios o habitantes, así como los costos en los que incurre por la prestación, con el fin de establecer la proporción en la que cada uno debe pagarle dicha actividad y así, cumplir con su obligación de pagar el servicio de acueducto a la empresa respectiva.

En relación con las calderas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas(10), ha señalado que “Ante todo es importante anotar que la caldera, como servicio comunal y no individual, debe tener su propia medición, y ésta no puede ser trasladada a los usuarios individualmente considerados ya que no son los consumidores como tal. Caso contrario se presentaría si además de la caldera existe el servicio de gas combustible en cada uno de los domicilios que compone la unidad, caso en el cual debe existir una medición tanto en la caldera, la cual se cobra a la administración y un medidor por cada usuario.

En consecuencia, en tratándose de aspectos administrativos que únicamente le atañe decidir a la Propiedad Horizontal, serán los órganos de dirección y administración quienes definan la viabilidad de instalar medidores que permitan contabilizar el agua caliente suministrada, así como los aspectos a tener en cuenta para el cobro.

En todo caso, es preciso destacar que la prestación de esta actividad no convierte a la Propiedad Horizontal en una persona prestadora de los servicios públicos domiciliarios, en la medida que si bien provee de agua caliente a los residentes, lo cierto es que es que frente al régimen de los servicios públicos, es ella la consumidora del servicio prestado por la empresa; de manera que el cobro de tal actividad, no podrá enmarcarse en la facturación prevista por la Ley 142 de 1994, ni ser prestado por una empresa de servicios públicos domiciliarios, en tanto que no es considerada como un servicio público domiciliario.

Finalmente, le informamos que esta Superintendencia ha puesto a disposición de la ciudadanía un sitio de consulta al que usted puede acceder en la siguiente dirección: http://basedoc.superservicios.gov.co. Ahí encontrará normativa, jurisprudencia y doctrina sobre los servicios públicos domiciliarios, en particular los conceptos emitidos por esta entidad.

Cordialmente,

MARINA MONTES ÁLVAREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Paula Angélica Rodríguez Poveda – Asesora Oficina Asesora Jurídica.

Revisó: Yolanda Rodríguez Guerrero – Coordinadora Grupo de Conceptos (A).

Notas al final:
1.  Radicado 20135290373342
Tema: DE LA DETERMINACIÓN DEL CONSUMO FACTURABLE. Consumo de zonas comunes. Calderas comunales para el suministro de agua caliente.
2. Ley 1437 de 2011.
3. PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso, el Superintendente podrá exigir que ningún acto o contrato de una empresa de servicios públicos se someta a aprobación previa suya. El Superintendente podrá, pero no está obligado, visitar las empresas sometidas a su vigilancia, o pedirles informaciones, sino cuando haya un motivo especial que lo amerite.
4. “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
5. “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”.
6. 79.2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios públicos y los usuarios, y apoyar las labores que en este mismo sentido desarrollan los “comités municipales de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios” y sancionar sus violaciones.
7. Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.
8. Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.
9. Concepto SSPD-OJ-2008-516.
10. Radicación CREG- 2379 de 1999

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