Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Los mercados de valores son mecanismos a través del cual las economías pueden distribuir recursos y riesgos, canalizando el ahorro hacia sistemas de inversión que faciliten una mayor comunicación entre los partes que poseen recursos y aquellas que los necesitan, promoviendo una sinergia económica en los sectores productivos de los países.
El sistema financiero de Colombia está dividido en cuatro mercados diferentes:
Este último está compuesto por el mercado bancario o intermediado y por el mercado no bancario o mercado de valores. El mercado bancario se caracteriza por la captación de recursos del público que luego son usados para otorgar préstamos, y uno de los principales participantes son los establecimientos de crédito (bancos comerciales, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas financieras).
Por su parte la principal característica del mercado de valores o mercado no bancario se concentra en que son directamente los agentes económicos que requieren recursos financieros quienes venden valores al público a cambio de su dinero, por lo cual no existe un establecimiento bancario de por medio.
A su vez el mercado de valores se compone del mercado extrabursátil o mercado mostrador (OTC) y del mercado bursátil, el cual es definido por el autorregulado del mercado de valores – AMV como: “ el lugar donde los intermediarios de valores especializados (sociedades comisionistas) realizan negocios para sus clientes en un mercado abierto, donde los demás intermediarios interactúan entre sí, siendo su objetivo poner en contacto demandantes y oferentes de recursos financieros en único lugar que concentra liquidez, y donde los clientes acceden a través de intermediarios especializados en la negociación de títulos valores”. Pero:
La normatividad Colombiana en el artículo 2° de la Ley 964 de 2005, estable el concepto de valor como “todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la captación de recursos del público”.
Este mismo artículo enuncia un listado de valores: las acciones, bonos, papeles comerciales, certificados de depósito de mercancías, cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización, cualquier título representativo de capital de riesgo, los CDT (certificados de depósito a término), las aceptaciones bancarias, cedulas hipotecarias, derivados financieros estandarizados y de energía eléctrica y certificados fiduciarios.
Los inversionistas se subdividen en inversionistas profesionales (aquellos que cuentan con un patrimonio igual o superior a 10.000 SMMLV, los cuales deben demostrar conocimiento y experiencia para gestionar inversiones) y clientes inversionistas o no profesionales (aquellos que no cumplen los criterios para ser calificados como profesionales).
Entre los intermediarios se encuentran las comisionistas de bolsa, administradoras de carteras colectivas, las calificadoras de riesgo, los reguladores y los proveedores de infraestructura (la bolsa de valores, las sociedades que realizan compensación y liquidación de valores, sociedades administradoras de depósitos, sociedades administradoras de sistemas transaccionales etc.)
Comprenden las acciones, las cuales se clasifican en ordinarias (otorgan voz y voto como también una parte proporcional de los resultados económicos de la sociedad emisora), acciones privilegiadas (otorgan beneficio adicional que no tienen los títulos ordinarios, lo que implica la ruptura de igualdad entre accionistas) y las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto (Concede al titular prioridad en el pago de dividendos y en caso de disolución de la sociedad , el reembolso del capital. No da derecho a voto).
También se encuentran los Certificados de Depósito a Término (CDT), los bonos ordinarios y lo bonos convertibles. Estos últimos se dividen en Bonos obligatoriamente convertibles en acciones (BOCEAS) y bonos facultativamente convertibles en acciones, cuya diferencia radica principalmente en que en este último el inversionista tiene la posibilidad de decidir (decisión unilateral de él) si al momento de la maduración del bono desea recibir el pago de los rendimientos esperados y del capital, o lo intercambia por acciones de la sociedad emisora.
Por:
Héctor Mauricio Muñoz Serna
Administrador de Empresas con énfasis en finanzas
*Exclusivo para actualicese.co
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
