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El poder adquisitivo de los colombianos podría reducirse hasta un 30% gracias a la nueva reforma tributaria, calificada por la docente Ana María Olaya como el resultado de la ineficiencia administrativa del Gobierno en el manejo de las finanzas públicas del país.
Un informe de la Universidad de La Sabana sostiene que la actual reforma tributaria es resultado de la ineficiencia administrativa del Gobierno en el manejo de las finanzas públicas del país. Según el estudio, la actual política fiscal causará, entre otros efectos, un incremento anual del IPC en un 0,93% y una desaceleración superior al 5% en la demanda de productos y servicios.
Para Ana María Olaya, directora del programa de Economía y Finanzas de la universidad y autora del informe, aunque las cifras de la economía demuestran que el Gobierno requiere recursos adicionales para cumplir con los gastos, esta coyuntura no era suficiente para realizar una reforma fundamentada solo en la caída del valor del petróleo. “Esta justificación es descarada”, dice Olaya, quien considera que demuestra “la falta de planeación y de visión estratégica de un Gobierno que no fue capaz de anticiparse a la realidad económica internacional y que puso a depender la economía del país de las ventas externas de un tipo de producto”.
El informe sostiene que el Ministerio de Hacienda, encabezado por Mauricio Cárdenas Santamaría, no realizó una planificación acertada que le permitiera prever una posible caída de precios internacionales después de un comportamiento atípico del mercado.
Al respecto Olaya se pregunta, «Cárdenas Santamaría desaprovechó la época de bonanza de los recientes años pasados cuando le economía presentó un crecimiento moderado, al no anticiparse a un escenario de riesgo que iniciando el año tiene al país hundido en una contingencia financiera. “¿Dónde están esos recursos que el Gobierno obtuvo en la época de las vacas gordas?”.
La experta también señaló que Colombia sufre un grave atraso en infraestructura, según lo demuestran cifras del Foro Económico Mundial, donde el país ocupa el puesto 84 en términos de infraestructura a escala global, el 14 a nivel del continente y el 10 en América Latina. Por otro lado, aunque la cobertura en salud y en educación ha mejorado, todavía sigue siendo muy precaria, pues la OIT indica que, si bien la cobertura en salud se ubica en el 90%, que los servicios en esta materia siguen siendo de muy mala calidad. Además, Olaya indica que, de acuerdo con cifras del MEN, solo tres de cada diez bachilleres tienen acceso a la educación superior.
Así pues, para Olaya la reforma «va en contravía de la reducción de la pobreza». «El aumento del IVA tendrá un efecto directo sobre el aumento de los precios de los productos que pagan este gravamen. Recordemos que alrededor del 60% de los productos de la canasta familiar pagan IVA, entre ellos la ropa, calzado, harina, azúcar, café, aceites, cereales, productos de panadería, embutidos y carnes procesadas, muebles y electrodomésticos, entre otros».
La académica recordó que este gravamen «perjudica en general a toda la población, pero su principal impacto lo sentirán las personas que tienen menores ingresos por el impacto porcentual sobre su salario» y explicó que «el Gini -medida de desigualdad- antes y después de los subsidios de servicios públicos no cambia, se mantiene en 0,55. Los subsidios de salud lo reducen de 0,55 a 0,52. Los subsidios de educación también lo disminuyen, de 0,55 a 0,53. El IVA lo aumenta de 0,55 a 0,56. Estas variaciones se compensan y, al final, la distribución del ingreso no se altera».
Debido a estas razones y a otras como la política fiscal contractiva, el informe concluye que el consumo de los colombianos disminuirá, pues el salario real se reduce de manera significativa y las tasas de interés han sufrido un incremento reciente, así que la demanda en el país registrará una desaceleración importante junto a un menor crecimiento de la economía.
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