Contables no están pensando en bajar los honorarios, sino en reducir las acciones para ciertos trabajos

En la página de inicio del sitio web de la IFAC aparece la siguiente nota: “Audits of Less Complex Entities: 5-Minute Survey Jul 23, 2019 – IFAC has launched an Audits of Less Complex Entities Survey—available in English, Spanish and French—to obtain a deeper understanding of the specific challenges in applying the International Standards on Auditing (ISAs) in audits of less complex entities in response to its recently published Discussion Paper – Audits of Less Complex Entities: Exploring Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISAs. The survey will close on September 12.”

Durante años el IAASB ha sostenido que las Normas de Aseguramiento de la Información y, específicamente, las de auditoría de información financiera histórica, pueden aplicarse tanto a entidades grandes como a pequeñas. Sin embargo, siguen existiendo contadores que opinan lo contrario, obligando al consejo a reflexionar sobre el asunto, tal como lo revela la nota transcrita.

Tenemos la seguridad de que la gran mayoría no está pensando en bajar los honorarios, sino en reducir las acciones que se deben desarrollar en ciertos trabajos.

El fraude no tiene ubicación. Está presente en todas las organizaciones y sus efectos son relativos y no absolutos. Económicamente, entre más dinero esté comprometido, mayor gravedad. Pero socialmente, aun el fraude en las pequeñas entidades puede provocar daños excesivos e irreparables. No es lo mismo que un millonario pierda el 10 % de su riqueza, a que un pobre colombiano pierda todos sus recursos. En esto se pone a prueba la sensibilidad de los profesionales de la contabilidad. La mayoría mirará el asunto solo en términos económicos (cuidar a los grandes y reducir costos en los pequeños), mientras unos pocos pensarán en que las protecciones son más necesarias para quienes no tienen cómo conseguirlas.

La historia de las protecciones en Colombia muestra una paradoja: los medios de comunicación masiva hacen algarabía sobre la protección de muchos en condiciones de inferioridad, pero los recursos del Estado, humanos y financieros están dirigidos hacia los más pudientes. El pueblo sabe que la justicia es para los de ruana, porque sus peticiones no suelen ser aceptadas. La aberración es tal que, por ejemplo, siguen existiendo tutelas para obtener tratamientos y medicamentos que están en el POS y que, por ello, son de obligatoria ejecución. Las autoridades, cínicamente, se vanaglorian por ayudar a unos pocos, cuando los problemas crecen dejando sin efectos las minúsculas acciones que se resaltan con criterio populista, es decir, para crear imágenes no reales en el pueblo. Finalmente, son las acciones sociales las que dan verdadero prestigio entre las comunidades, pero son los grandes los que pagan los mejores honorarios. Esto parece que será así por muchísimo tiempo. Por lo mismo, la profesión colombiana debería, cuando menos, instituir un servicio social gratuito, pro bono, equivalente mínimo al 10 % del total de horas trabajadas, para que atienda las necesidades de muchos, aunque sea en una pequeña proporción.

Hernando Bermúdez Gómez
Editor Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 4539, agosto 19 de 2019