Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Con el paso de los años la Contaduría General de la Nación –CGN–, de la mano de una amplia normatividad, ha fortalecido el sistema nacional de contabilidad pública para contribuir con el saneamiento y administración de las finanzas públicas. La regulación contable se ha venido consolidando gracias a la función constitucional de la CGN.
Por la importancia y utilidad de la información contable, varias leyes se han introducido para fortalecer y empoderar el sistema nacional de contabilidad pública y, de paso, contribuir con el saneamiento y administración eficiente de las finanzas públicas.
Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley 358 del 2007 señala que: “El cálculo del ahorro operacional y los ingresos corrientes de la presente ley se realizará con base en las ejecuciones presupuestales soportadas en la contabilidad pública del año inmediatamente anterior…”.
También, la Ley 510 de 1999 afirma en su artículo 47 que: “Las entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria deberán exigir a las entidades y organismos del sector público que presenten solicitudes de créditos, los estados financieros, presupuestos, notas explicativas, y demás información pertinente que permita acreditar su capacidad de pago, en los plazos y condiciones del crédito solicitado, de conformidad con las disposiciones legales que les rigen”.
De igual manera, en el artículo 80 de la Ley 617 del 2000 se establece: “Prohíbase a la Nación otorgar apoyos financieros directos o indirectos a las entidades territoriales que no cumplan las disposiciones de la presente ley; en consecuencia a ellas no se les podrá prestar recursos de la Nación, cofinanciar proyectos, garantizar operaciones de crédito público o transferir cualquier clase de recursos, distintos de los señalados en la Constitución Política. Tampoco podrán acceder a nuevos recursos de crédito y las garantías que otorguen no tendrán efecto jurídico.
Tampoco podrán recibir los apoyos a que se refiere el presente artículo, ni tener acceso a los recursos del sistema financiero, las entidades territoriales que no cumplan con las obligaciones en materia de contabilidad pública y no hayan remitido oportunamente la totalidad de su información contable a la Contaduría General de la Nación”.
Otras funciones asignadas al Contador General de la Nación son la categorización de departamentos y municipios en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 617 del 2000 y la consolidación y publicación semestral del Boletín de Deudores Morosos del Estado, en los términos definidos en la Ley 901 del 2004.
Tratándose del manejo de recursos, es igualmente importante mencionar que la Ley 715 del 2001, al reglamentar los criterios de eficiencia fiscal y eficiencia administrativa para la distribución de los recursos de la participación de propósito general, asigna al Contador General de la Nación la responsabilidad de refrendar la información contable suministrada por todos los entes territoriales, convirtiéndose este sistema en el medio más idóneo para dar a conocer la eficiencia con la que se administran los recursos públicos.
En resumen, las funciones atribuidas a la CGN, y en particular la de consolidar la información contable de las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la contabilidad pública, han demandado una dinámica normalización y regulación contable que se ha acompañado de esfuerzos permanentes de culturización y gestión con dichas entidades. Lo anterior en procura de mejorar la calidad de la información que sirve de insumo para obtener los productos que la CGN brinda a los diferentes usuarios de la información contable pública.
Pero no solo la función de consolidar ha llevado a la CGN a trabajar denodadamente en la producción de información razonable; también ha contribuido la creciente necesidad de información de base contable y la conciencia en los poderes legislativo y judicial sobre su utilidad, lo cual ha hecho que la información obtenida, procesada y producida por la entidad trascienda la función constitucional de la CGN consistente en llevar la contabilidad de la nación y generar un balance consolidado.
La riqueza de la información obtenida y procesada por la CGN ha generado competencias derivadas de la legislación y que plasman iniciativas gubernamentales orientadas, de un lado, a mejorar la gestión fiscal y administrativa de las entidades y, de otro, ha dinamizado la utilización de la información a través de los denominados usuarios estratégicos, exigiendo de esta entidad de regulación contable desarrollos normativos y tecnológicos que tiendan a satisfacer las necesidades de dichos usuarios.
Lo anterior se sintetiza en los siguientes aspectos:
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
