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Contraloría advierte que traslado de ahorros de AFP a Colpensiones sería inviable



Para la Contraloría, permitir el traslado a Colpensiones implicaría que dineros concebidos como ahorro pensional de largo plazo puedan ser usados para financiar el pago de mesadas.

La Contraloría General de la República advirtió que el proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo para trasladar recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones presenta riesgos jurídicos y operativos que impiden su aplicación.

El órgano afirma que, el borrador abre la posibilidad de que recursos del ahorro pensional de largo plazo terminen destinados al pago de mesadas, lo que implicaría convertir ese ahorro en gasto corriente.

La observación se centra en el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS- hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPM- administrado por Colpensiones.

Esta posibilidad fue contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional aprobada por el Congreso y actualmente sometida a revisión de constitucionalidad ante la Corte Constitucional.

Según la Contraloría, el problema radica en que el artículo 76 dispone que los recursos de las cuentas de ahorro individual deben seguir siendo administrados por los fondos privados hasta el momento en que se consolide el derecho pensional. En ese contexto, el borrador de decreto del Ministerio del Trabajo no podría aplicarse en los términos en que fue planteado.

El análisis preliminar de la Contraloría indica que no resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas que, con corte a febrero de 2025, ya pasaron del RAIS al RPM.

La razón principal es que la mayoría de ellas aún no ha adquirido el derecho a pensión, por lo que sus recursos deben continuar bajo administración de los fondos privados.

De ese total, 18.507 personas ya tienen derecho a pensión y sus recursos asociados en cuentas de ahorro individual podrían ascender aproximadamente a 5,1 billones de pesos. Las otras 100.989 personas todavía no han consolidado ese derecho y estarían aportando un recaudo anual de 686.642 millones de pesos.

Para la Contraloría, permitir el traslado total en estas condiciones implicaría que dineros concebidos originalmente como ahorro pensional de largo plazo puedan ser usados para financiar obligaciones corrientes asociadas al pago de mesadas. Esa posibilidad fue calificada por el ente de control como un escenario preocupante dentro del alcance del proyecto de decreto.

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