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Contraloría General detectó posible detrimento patrimonial por parte de Alcaldía de Cartagena


Actualizado: 4 julio, 2017 (hace 7 años)

De acuerdo a una investigación realizada por la Contraloría General de la República, la Alcaldía de Cartagena habría pagado $2.500 millones por supuestas comisiones de éxito a favor de asesores externos.

Se trataba de la supuesta intermediación ante el sector financiero para la consecución de créditos bancarios para la Alcaldía, por $250.000 millones de pesos. Sin embargo, esta contaba tanto con el personal, como con las herramientas técnicas y financieras para tramitar la solicitud sin la intervención de terceros.

La firma asesora SPS ASOCIADOS SAS fue contratada por la Alcaldía para prestar los servicios de “acompañamiento estratégico” y “analizar las mejores opciones de inversión de los recursos de la ciudad”, pero como contraprestación adicional por sus servicios recibió el 1% de los créditos bancarios otorgados al Distrito de Cartagena.

El entonces Secretario de Hacienda del Distrito de Cartagena, Carlos José Granadillos Vásquez, suscribió el 24 de enero de 2014 un Contrato de Prestación de Servicios con la empresa SPS ASOCIADOS S.A.S., representada legalmente por Carlos Andrés Mercado García, para el supuesto “apoyo financiero integral y estratégico” al Distrito de Cartagena, buscando un acompañamiento que le permitiera a la Alcaldía “analizar las mejores opciones en cuanto al manejo de las finanzas de la ciudad”.

El contrato se suscribió por un valor total de más de $379 millones de pesos, más una adición posterior de $170 millones, y contemplaba pagos mensuales por $34 millones por concepto de honorarios.

Sin embargo, además de las sumas pactadas dentro del valor del contrato de prestación de servicios, el numeral segundo de la cláusula tercera del contrato estableció un “componente de éxito” en el que se pactó que al contratista le correspondía “el 1% sobre los recursos debidamente contratados producto de la gestión realizada por el contratista en su gestión de estructurador de la operación de crédito público”.

Fuente: Contraloría General de la Nación.

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