Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Informes de la OIT y la Cepal coinciden en que los trabajadores colombianos tienen condiciones laborales inestables. Rosario Córdoba opina que el Gobierno debe buscar la forma de financiar aquellos rubros que no están directamente relacionados con el fomento del empleo, o con la cualificación de la fuerza laboral.
En un reciente informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, se destaca que el porcentaje exacto de trabajadores sin contrato laboral a término indefinido en Colombia es 61,86%. Sin embargo, y aunque la cifra es alta, la entidad resalta que ha habido esfuerzos para aumentar el número de trabajadores con Seguridad Social, con medidas como la simplificación del proceso de pago y registro.
Con el informe quedan en evidencia las condiciones de inestabilidad en las que muchos trabajadores colombianos prestan sus servicios, con tipos de contratos a término fijo que oscilan entre los tres meses y el año de duración, eso sin contar con los que se vinculan por la modalidad de prestación servicios.
Otro de los aspectos que hay que destacar es la renovación de los contratos, que se vuelve un martirio para los empleados, muchos de los cuales exponen incluso sus vidas en el período de tiempo en el que luchan por que los vinculen de nuevo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe -Cepal-, este mes de mayo también publico su informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, donde registra que en Colombia, el 47% de empleados son formales; y el 45%, informales.
En países como Bolivia, Colombia, Honduras, Perú y Venezuela, el peso de los trabajadores independientes supera el 35%, y en el caso de Colombia llega al 45%”, dice el reporte. En nuestro país, el porcentaje de asalariados (excluidos trabajadores domésticos) respecto al total de ocupados es de 47,0%. Además, 69,7% de esos asalariados cuenta con cobertura de seguridad social, añade Cepal.
El documento resalta los esfuerzos que ha habido en el país para mejorar en ese sentido. En comparación con comienzos de la década del 2000, el porcentaje de asalariados con cobertura de seguridad social ha crecido en 9,4 puntos. Cepal también destaca que Colombia, para ampliar el número de empleados con Seguridad Social, debe implementar mecanismos de afiliación colectiva.
Según el informe de Cepal, en América Latina los trabajadores asalariados representan el 65,7% del total de ocupados. El 20% de ese tipo de empleados labora en el sector informal o no tiene cobertura de Seguridad Social. “Esta magnitud de la informalidad aumenta cuando se incluyen el empleo independiente, el trabajo doméstico y el que desempeñan los trabajadores familiares auxiliares”, agrega el documento.
El DANE incluye en la ocupación informal a los empleados del servicio doméstico, a los trabajadores por cuenta propia, excepto profesionales independientes (médicos, abogados, ingenieros, odontólogos); a los empleados y obreros particulares, excluyendo a los del Gobierno, que laboren en empresas de hasta 10 trabajadores en todas sus agencias y sucursales, y a los patronos o empleados que ocupen hasta 10 trabajadores, incluyendo los respectivos patronos.
Rosario Córdoba.
Para Rosario Córdoba, nueva presidente de la junta directiva del Grupo Argos y quien se desempeñaba como presidente del Consejo Privado de Competitividad, en Colombia ser formal es costoso. «El análisis costo-beneficio para los agentes económicos continúa favoreciendo la informalidad, con lo cual toda medida encaminada a reducir este costo es bienvenida», dice.
Para esta economista con maestría en Economía, en la Universidad de Los Andes, las inflexibilidades del mercado laboral como los sobrecostos a la nómina, los elevados costos de contratación y despido, el uso ineficiente de algunas formas de contratación y un salario mínimo superior al ingreso medio de la economía son incentivos perversos que llevan tanto a trabajadores como a empresas a refugiarse en la informalidad.
«Para acabar con estas inflexibilidades se debe, en primer lugar, buscar la forma de financiar, con recursos del presupuesto general de la Nación, aquellos rubros que no están directamente relacionados con el fomento del empleo o con la cualificación de la fuerza laboral. De manera similar, se debe acabar con la financiación de la Seguridad Social por parte de los empleadores y trabajadores del sector formal en la medida en que ésta genera un subsidio cruzado a favor de los trabajadores informales y un impuesto para los formales», afirma.
«Se debe trabajar para alinear el salario mínimo con la productividad. Es necesario, igualmente, agilizar la implementación de un Marco Nacional de Cualificaciones que permita a los trabajadores certificar el aprendizaje adquirido en el curso de su vida, de forma tal que el mercado laboral lo reconozca y premie. Finalmente, el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación es determinante. Existe una alta correlación entre formalidad y nivel de educación», finaliza Córdoba.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
