Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Un proyecto de ley busca reconocer los derechos y garantías que le están siendo vulnerados a las personas contratadas en la modalidad prestación de servicios, así como proponer condiciones justas a los contratistas, ya que con estos se encubren servicios laborales y se precariza al trabajador.
Las congresistas Angélica Lozano y Claudia López radicaron hace poco un proyecto de ley que busca reformar el modo en que hasta ahora han venido operando los contratos de prestación de servicios, tanto para el sector privado como en el público, con el fin de garantizar condiciones decentes para las partes involucradas en este tipo de contratación. “Tan solo en el sector público, para el año 2016, había 243.427 personas contratadas bajo esta modalidad”, dijo López a los medios de comunicación, quien añadió que son cerca de 800.000 los casos que se identifican bajo esta modalidad de trabajo.
“Hay que acabar con el abuso de los contratos de prestación de servicios. Muchos contratistas son abusados en instancias gubernamentales. No les pagan lo mismo y a algunos, por ser amigos de los que contratan, les pagan muy por encima”, señaló la senadora López.
Por su parte Lozano asegura que con la nueva propuesta no habrá más trabajo gratis. «No se podrá exigir ni directa, ni indirectamente que los contratistas trabajen si no está en vigencia el contrato”, aseguró.
Iván Daniel Jaramillo, investigador del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, dice en El Espectador que:
“(…) aunque en 2009 la Corte prohibió vincular como contratistas a empleados estatales que desempeñen labores permanentes y misionales, ocho años después el problema sigue. La cifra exacta de cuántos trabajadores por prestación de servicios hay en el sector sólo la conoce el Gobierno y nunca la revela para no tener consecuencias”.
La figura de las órdenes de prestación de servicios –OPS– viene siendo desnaturalizada. Su calidad de temporal y ocasional se ha hecho a un lado y está siendo utilizada para cumplir funciones permanentes de la administración pública que ameritan dedicación exclusiva. Lo anterior bajo un régimen precario, propio de la contratación civil, y no de condiciones y garantías laborales mínimas.
La utilización de las OPS puede ser una forma de evadir el ingreso al servicio público mediante el concurso de méritos, propiciando prácticas clientelistas que atentan contra la democracia, la transparencia y la eficiencia de la administración pública.
Entre otros puntos se destacan:
Si desde el mismo Gobierno nacional no se pone ejemplo, qué se puede esperar de otro tipo de empleadores. Por tal motivo, la Corte Constitucional llamó la atención al Gobierno por el uso excesivo de los contratos de prestación de servicios.
Al fallar una tutela a favor de una mujer a quien el Distrito de Bogotá canceló de manera unilateral su contrato, la Corte dijo:
“(…) el uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la Constitución (…) Los poderes públicos han utilizado de forma abierta y amplía la figura del contrato de prestación de servicios para enmascarar relaciones laborales y evadir consistentemente el pago de prestaciones sociales, desconociendo así las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado además, la excepcionalidad de este tipo de contratación”, expresa la Corte.
A su vez, y en relación con el tema de las garantías justas para los trabajadores, la Corte ha indicado que estas deben ser protegidas por los órganos competentes:
“(…) con independencia de las prácticas y artilugios estratégicos a los que acudan los distintos empleadores para evitar vinculaciones de tipo laboral y burlar los derechos laborales constitucionales de los trabajadores al servicio del Estado, sobre todo cuando es éste el principal encargado, a través de sus entidades, de garantizar el cumplimiento de la Carta Política”.
Existe un gran número de tutelas que han sido falladas por la Corte Constitucional por la desvinculación de OPS que han tenido que ser reconocidas como “verdaderas relaciones de derecho laboral ordinario o administrativo”. De igual forma, tribunales han fallado a favor, por ejemplo, de la reintegración de mujeres embarazadas a quienes no se les renovó un contrato de prestación de servicios.
Frente al regaño de la Corte, la ministra de trabajo, Griselda Restrepo, admite que el Gobierno tiene un problema en materia de contratación de personal. La funcionaria ha dicho que se han creado 23.000 empleos formales para tratar de solucionar el problema, y atribuyó el incremento de contratistas al crecimiento “exponencial” que ha tenido el Estado durante los últimos cuatro años por el proceso de paz.
En 2016 había 243.427 personas contratadas en el sector público por prestación de servicios. De esta cifra, el 27 % ha estado vinculado durante más de un año y el 17 %, por más de dos.
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