Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Cooperativas de trabajo asociado y Gobierno Nacional – Stefano Farné


Autor:Stefano Farné. Director del Observatorio deL Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, Universidad Externado.

Podemos pensar que existen tres grandes categorías de Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA):

1. Las verdaderas CTA, que son asociaciones sin ánimo de lucro, que facilitan el ejercicio de una actividad laboral a personas con poco capital y operan con autonomía, autodeterminación y autogobierno.

2. Las pseudo CTA que, de forma legal, solo buscan menores costos laborales y mayores ganancias por parte de sus falsos ‘propietarios’ y de sus empresas-clientes, a costa de los derechos y el bienestar de los asociados.

3. Las CTA ilegales que persiguen los mismos objetivos de las pseudo CTA, pero operan por fuera de la ley, no reportándose a la Superintendencia de Economía Solidaria (SES), evadiendo tributos y engañando a sus trabajadores.

Según datos preliminares de Confecoop, en el 2007, 1.629 Cooperativas de Trabajo Asociado reportaron sus estados financieros a la SES, pero habían 3.505 CTA en actividad. Para este mismo año, la SES ha llevado a cabo un censo en todas las sedes territoriales de la Cámara de Comercio.

La consolidación de la información ha alcanzado una cifra verdaderamente alarmante: en septiembre del 2007, habían 12.059 Cooperativas de Trabajo Asociado inscritas en todo el país. Por cierto, muchas de estas empresas existían solo en el papel y no estaban operando en la práctica.

A pesar de ello, tan elevado número de inscripciones (comparado con el número de registros en la SES) nos indica que las Cooperativas de Trabajo Asociado ilegales y las pseudo CTA son muchas, probablemente muchas más de lo que pensabamos.

Lo paradójico en materia de Cooperativas de Trabajo Asociado es que el principal patrocinador e impulsor de las pseudo CTA ha sido el Gobierno Nacional, especialmente en el sector de la salud y en empresas reestructuradas del sector público.

Para la muestra un botón: en diciembre del 2002, no existía ninguna CTA que se reportaba ante la SES y que declaraba como actividad económica principal la Salud o la Seguridad Social Obligatoria; en diciembre del 2006, ya habían 309 y durante el 2007, se sumaron otras 31.

Como si esto fuera poco, en algunos bancos públicos en liquidación, la actual administración ha llegado a prohibir por decreto el enganche de personal de planta y en su reemplazo a favorecer la contratación de servicios de trabajo asociado (Decretos 610 y 2525 del 2005, artículo 10).

Con el tiempo, el mecanismo de liquidación de las empresas públicas se hizo más sofisticado, aunque las intenciones siguen siendo las mismas. En la liquidación y reestructuración de sus nueve Empresas Sociales, el Estado ha venido entregando muchas de sus clínicas y de sus centros de atención ambulatoria en administración transitoria a Caprecom.

Curiosamente, esta caja de compensación se ha retirado hace tiempo del negocio de la salud contributiva y tiene congelada su planta de personal. Así que, en Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Chocó, Cartago, Villavicencio, Ibagué, Sogamoso, Bogotá y el Eje Cafetero, Caprecom contrató la operación de las respectivas clínicas y centros de atención con dos CTA especializadas en salud (Anestecoop y Salud Solidaria).

Solo recientemente, y bajo presión internacional, el Gobierno ha adoptado una política hacia el sector asociado que, en términos generales, puede definirse menos permisiva, pero que no deja de ser ambigua e incoherente y que ostenta una inconcebible falta de claridad teórica en materia de cooperativismo.

El Ministerio de la Protección Social en diciembre de 2006, expidió el Decreto 4588 y en noviembre de 2007, presentó un proyecto de ley que pretende hacer pagar la parafiscalidad a las Cooperativas de Trabajo Asociado.

El Decreto parece no haber tenido efectos tangibles, ya que durante su primer año de vigencia el número de CTA aumentó ulteriormente en 209 unidades, de 3.296 a 3.505, y los trabajadores asociados crecieron de 451 mil a 468 mil.

Lamentable es el Proyecto de Ley 144 de 2007 que, en la versión original presentada por el Gobierno, proponía obligar a las CTA a pagar la totalidad de las contribuciones a las CCF, el Sena y el Icbf.
Además de ser inconveniente por tratarse de actividades laborales de carácter no dependiente -así como lo ha establecido la ley y sentenciado la Corte Constitucional-, por el bien del empleo nacional el Gobierno debería más bien pensar en liberar a todas las demás empresas de al menos parte de estas contribuciones, en vez de empeñarse en extenderlas a las CTA que todavía no las pagan.

Es bueno recordar que las CTA ya están facultadas para afiliar a sus miembros a las CCF y pueden disponer de sus fondos educativos obligatorios para la formación y mejora educativa de sus asociados.

Con respecto al texto original presentado por el Gobierno, durante su tránsito por la Cámara de Representante, el articulado de la Ley 144 ha sido radicalmente modificado.

Hasta ahora el informe de ponencia para segundo debate ha acordado la voluntariedad de la afiliación a las cajas de compensación y ha mantenido la obligación de cotizar al Sena y el Icbf sobre la base de solo un salario mínimo.

Dispuso, además, que dicha cotización estará totalmente a cargo de las CTA.

Innecesariamente e injustamente, lo anterior incrementará los costos operativos de las CTA.

Alguien se ha preguntado ¿quiénes terminarán pagando estos mayores costos, sobre todo en el sector de la salud? Lo que es inequívoco, es que al venderse la Empresas Sociales del Estado, éste ya no será un problema del Gobierno, sino de los privados.

Y por su lado, la verdad sea dicha, los trabajadores asociados poco gozarán de los servicios del Icbf y el Sena.

* Tomado de Portafolio.com

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