Según los resultados de una encuesta elaborada por la Universidad Externado de Colombia, el 91 % de los empresarios colombianos consideran que se presentan dádivas para obtener contratos y, en ocasiones, se alcanza el 17 % del valor del contrato como soborno solicitado.
La responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción fue el tema central de la cumbre empresarial Responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, organizada por la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, y que se llevó a cabo el pasado 5 de abril en Bogotá.
Según la Encuesta Global Sobre Fraude revelada en este acto por la Universidad Externado de Colombia, los empresarios colombianos ven las prácticas deshonestas y antiéticas como necesarias para triunfar en los negocios. El procurador general de la nación, Fernando Carrillo, dio a conocer los resultados de este estudio y manifestó que el 91 % de los empresarios en el país, considera que se ofrecen dádivas para obtener contratos. Asimismo, el 58 % de los encuestados, asegura que, al no pagar sobornos se pierden los contratos. Por otro lado, el 80 % de estos, considera que el soborno y la corrupción son necesarios para garantizar el éxito en los negocios que realizan. Los “comportamientos antiéticos son necesarios para ser exitosos en los negocios”, así lo indica el 74.2 % de los ejecutivos colombianos encuestados.
Al respecto, Fernando Carrillo ha dicho que “necesitamos transformar la concepción de que la corrupción es solo un problema del sector público, y es un gravísimo error. El sector privado también puede protagonizar el daño y el abuso de poder”.
Por su parte, para Francisco Reyes Villamizar, superintendente de sociedades, “los problemas por conflictos de interés pueden constituir una vena rota para las sociedades, en tanto que si pasan inadvertidos, pueden dar lugar a la desviación de recursos muy significativos”.
Reyes Villamizar también afirmó que la entidad realizó un sondeo entre un universo de 6.000 sociedades en donde encontró que las prácticas que tienden a la corrupción son significativas.
“En el 70,7 % de las entidades encuestadas, los miembros de las juntas directivas no revelan sus partes vinculadas; en el 95,3 % de las empresas no se solicita autorización alguna para efectuar operaciones que impliquen conflicto de interés. Y tan solo en el 4,8 % se evidencia solicitud de autorización para operaciones que dan lugar a competencia con la sociedad”, dijo Reyes.
También reveló que la entidad tiene 17 investigaciones en materia de soborno internacional que pueden desencadenar en multas a compañías que han obstruido investigaciones con hasta 200.000 salarios mínimos, es decir, cerca de USD 40 millones.
La cumbre empresarial Responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, arrojó los siguientes datos: