CTCP emite concepto sobre clasificación de contratos de leasing bajo NIIF para Pymes

CTCP recuerda que, la Sección 20 de la NIIF para Pymes indica que la clasificación de un arrendamiento depende de la transferencia de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.

El CTCP, mediante el Concepto 2026-0145, brindó orientación relacionada con la adecuada clasificación técnica y contable de los contratos de arrendamiento (leasing) bajo el marco de la NIIF para las Pymes.  

De manera preliminar, el organismo recordó que la Sección 20 de la NIIF para las PYMES establece que la clasificación de un arrendamiento depende de la transferencia de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo; así pues, un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera, en efecto, dichos riesgos y ventajas, mientras que se considera operativo cuando esta transferencia no ocurre.

En ese sentido, explicó que la clasificación de un arrendamiento no depende exclusivamente de la denominación comercial adoptada por las partes en el contrato ni se puede sustentar en un único indicador, por lo que se requiere de una evaluación integral de los términos y condiciones de cada caso.

En ese contexto, el CTCP señaló que corresponde a la administración de cada entidad analizar las condiciones particulares de la operación y ejercer su juicio profesional para determinar el tratamiento contable que refleje adecuadamente la realidad económica del negocio.

Ahora bien, el Consejo indicó que, si la entidad concluye que el contrato fue clasificado erróneamente en períodos anteriores, deberá evaluar la aplicación de la Sección 10 de la NIIF para las PYMES sobre políticas contables, estimaciones y errores, con el fin de determinar si procede la corrección retroactiva de los estados financieros conforme al marco técnico aplicable.

Finalmente, el CTCP reiteró que las implicaciones fiscales relacionadas con la deducibilidad de los cánones y el impacto patrimonial en los procesos de reorganización empresarial como la escisión, escapan a la competencia del consejo y deben ser evaluados por la DIAN o la propia administración según las circunstancias concretas.  

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