¿Cuál es el balance de la Ley de financiamiento luego del primer año de mandato de Iván Duque?


13 agosto, 2019
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Contra la Ley de financiamiento que busca avanzar en la progresividad tributaria y simplificar el sistema tributario, se han presentado 30 demandas en la Corte Constitucional. Además, frente al recaudo tributario proyectado con las modificaciones efectuadas, no se ha logrado el resultado esperado.

Con la expedición de la Ley de financiamiento 1943 de 2018, se buscaba desde el punto de vista de Juan Manuel Charry, columnista de Semana, balancear el presupuesto; aumentar el crecimiento económico; avanzar en la progresividad tributaria; simplificar el sistema tributario y garantizar la sostenibilidad fiscal.

Para lograr lo anterior, se modificaron aspectos de los impuestos nacionales, IVA, renta y consumo, se crearon los impuestos al patrimonio y a los dividendos para sociedades nacionales, se adoptaron medidas contra la evasión tributaria y se sustituyó el monotributo por el impuesto unificado bajo el régimen simple, entre otras.

Las expectativas de recaudar en un principio 14 billones de pesos se redujeron al final a la mitad; 7 billones de pesos. Además, en la Corte Constitucional, contra esta ley, se han presentado treinta demandas, seis ya archivadas. De las 24 restantes, escribe Charry, al menos tres se refieren a vicios de trámite que afectarían la totalidad de la ley, dos a la titularidad de la acción penal por omitir activos o incluir pasivos inexistentes, y otras dos a la disposición de vigencias y derogatorias.

Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, asegura en Dinero que en materia de impuestos y de gasto público el presidente Iván Duque importó la retórica del partido Demócrata de Estados Unidos, que pregona la idea de recortarles los impuestos a las empresas como una herramienta para lograr crecimiento económico.

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“Siguiendo esa teoría radicó la Ley de financiamiento de 2018, en la que se discutió un tema fundamental como el alza del IVA, pero que al final no se logró y lo que se aprobaron fueron enormes recortes tributarios a las empresas en 2020”, afirma Reyes, quien agrega que, aunque estos recortes todavía no se sienten, “ya se viene esa factura que nos pasan como país”.

Reyes afirma que existen dudas sobre la forma en que se van a financiar los 10 billones de pesos que, mal contados, cuestan esos recortes que rigen en 2020. “La propuesta era financiarlos con IVA, pero como eso no se dio y ante la dificultad política de hacer cambios en ese impuesto, lo que viene es vender activos del Estado y dejarle el resto del problema de cómo seguir financiando los recortes tributarios al siguiente gobierno”, dice.

El recaudo de los impuestos creados por la Ley 1943 de 2018

El 31 de julio de 2019 la Ley de financiamiento cumplió seis meses de vigencia y gran parte del recaudo de los nuevos impuestos incluidos en esta registra cifras menores a las que inicialmente presupuestó el Gobierno. Ejemplo de lo anterior, y como lo publica Portafolio, es el impuesto al consumo de 2 % incluido para la venta de bienes inmuebles de más de 918 millones de pesos, seguido de la nueva amnistía tributaria y, en menor medida, el revivido impuesto al patrimonio.

Con esos tres impuestos el Ministerio de Hacienda buscaba recaudar casi 4 billones de pesos en 2019. Sin embargo, a cinco meses de terminar el año, el impuesto al consumo de inmuebles registra un recaudo de 41.000 millones de pesos, es decir, va en un cumplimiento de 2 por ciento de lo proyectado.

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Con el impuesto de amnistía tributaria, el Gobierno busca hasta un billón de pesos más, pero cifras de la Dian a junio de este año, indican que el recaudo va en 3.100 millones de pesos. Habrá que esperar hasta el 25 de septiembre, fecha en el que se vence el plazo.

Frente al revivido impuesto al patrimonio, la Dian registra ingresos de 350.000 millones de pesos, de un total cercano de 1,5 billones de pesos que buscaría recaudar el Gobierno Nacional para este año; lo que se traduce en un 25 % de cumplimiento.

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