Mucho se ha discutido sobre la necesidad de una reforma tributaria estructural que armonice todas las leyes, decretos, doctrinas de la DIAN, Resoluciones, etc., en un solo bloque de normas que sean fácilmente digeribles no solo para los contadores y los abogados tributaristas, sino para cualquier contribuyente que se tome la tarea de querer indagar cual es su situación frente a la normatividad impositiva que se le presenta. No cabe duda que la tarea es ardua y además impopular, razón por la cual ninguno de los candidatos se atrevió a insinuar que la llevaría a cabo, excepto uno de los finalistas que tangencialmente mencionó la necesidad de más impuestos para satisfacer las demandas constitucionales de la nación hacia los entes territoriales, además de las erogaciones propias del establecimiento central y la necesaria reducción a niveles aceptables del déficit fiscal que en todo caso no debe sobrepasar cifras manejables del 2 o 2.5 % del PIB.
Aspectos que deben revisarse:
- El exceso de deducciones para algunos contribuyentes que en poco o nada favorecen la creación de empleo, tales como beneficios a la industria editorial, a la promoción del Cine nacional, conservación del medio ambiente etc.
- La eliminación del impuesto anti técnico del 4 x 1.000 que primero fue 2 x 1000, luego 3 x 1.000 hasta llegar a la cifra escandalosa que manejamos hoy. En primera instancia se creó como un impuesto temporal, de los cuales todos sabemos que son más permanentes que los permanentes. Luego se incrementó al 3 x1.000 y por último en una última reforma se negoció subirlo al 4 x 1.000 negociando algunos puntos del IVA. Una de las salidas para este impuesto, en caso de no eliminarlo sería el de dejarlo como deducible en un 100% y no en un 25% como existe actualmente o en su defecto hacerlo descontable por lo menos en un 50%. De esa forma, se beneficiaría a los contribuyentes declarantes y terminarían pagándolo los no declarantes que por sus mínimos movimientos individuales no verían sus finanzas tan golpeadas según criterio personal.
- La tarifa de renta, excesivamente alta para las sociedades, lo cual desestimula la inversión extranjera y aun la interna, pues con la tarifa del 35%, una sociedad pequeña con una utilidad neta de $25.000.000 pagaría una renta de $8.250.000, mientras que una persona natural pagaría por el 2.010 $ 0.
- Reforma total a la actual colcha de retazos del impuesto de industria y comercio, cuya regulación está contenida en la ley 14 de 1.983, la cual después de 27 años, ha sufrido toda clase de interpretaciones contradictorias unas, conceptos del concejo de estado, ha servido de base para acuerdos municipales etc. A la fecha no se ha determinado en qué consiste la extraterritorialidad del impuesto de ICA, y cada municipio legisla a su antojo emitiendo un estatuto tributario municipal que casi siempre es fiel copia del E.T. nacional, pero que en algunos aspectos relevantes no se tienen en cuentas sus normas, entre ellas los topes para declarar, etc. De allí el desgaste de algunas secretarías de hacienda municipal, entre ellas la de Cali, que hace circularizaciòn a todos los retenidos en el municipio, emplazándolos a declarar por el solo hecho de recibir información exógena de sus contribuyentes.
Obviamente, y para no ser más extenso se quedan entre el tintero muchos aspectos a tener en cuenta para una reforma verdaderamente estructural, pero esperamos que los expertos puedan enfocarse hacia ellos y elaborar un proyecto digno de presentarlo al congreso para su aprobación y que pueda llevar al Estado a cumplir con sus responsabilidades a favor de de su población.
Solo esperemos hasta la posesión del próximo presidente, para ver quién le pone el cascabel al gato.
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ
CONTADOR PÚBLICO
