Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Todo sistema de pensiones debe prevenir la pobreza en la vejez, los cambios abruptos en el nivel de consumo, y que el período de jubilación del adulto mayor dure más que sus ahorros de retiro. El rol del Estado es corregir las fallas de mercado y evitar la generación de falsas expectativas.
En el documento Notas de pensiones titulado Principios que deben guiar las reformas de segunda generación de los sistemas de pensiones, elaborado por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones –FIAP–, la entidad indica que, como punto de partida al plantear una reforma de pensiones, es importante no perder de vista cuáles son los objetivos que persiguen los sistemas de pensiones.
El primero de ellos es prevenir la pobreza en la vejez. El segundo es prevenir cambios abruptos en el nivel de consumo. «Los sistemas previsionales intentan asegurarse que cuando el adulto mayor deja de trabajar, la reducción de ingresos concomitante no implica cambios abruptos en su nivel de consumo», indica el documento. Y en tercer lugar se encuentra la protección contra los riesgos de longevidad, es decir, que el período de jubilación del adulto mayor dure más que sus ahorros de retiro.
Sin embargo, no es posible satisfacer múltiples objetivos mediante un solo instrumento de política pública; para cada objetivo debe existir un instrumento. Dicho esto, en caso de prevenir la pobreza en la vejez, se debe recurrir a sistemas de protección no contributivos (o mecanismos de reparto), mientras que si se desea suavizar el nivel de consumo, se debería recurrir a la capitalización individual. Finalmente, para prevenir riesgo de longevidad se debe fomentar un mercado de rentas vitalicias.
El rol del Estado en el sistema debe estar claramente definido. Dicho rol se trata de asegurar el apropiado funcionamiento del sistema, es decir, corregir fallas de mercado y evitar la generación de falsas expectativas.
«La OIT en el Convenio 102 sobre la seguridad social y en el Convenio 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, indican que una pensión adecuada debiese alcanzar como mínimo el 40 % de los ingresos del trabajador después de un período contributivo de 30 años», indica el documento.
Las cifras para América Latina muestran que en la mayoría de los países se cumple con este criterio. En promedio, la tasa de reemplazo de la región para quienes cotizan durante más de 30 años es de 57 %.
¿Cuáles son entonces los factores que conducen a la situación actual de insatisfacción con las pensiones? El principal factor es la falta de una adecuada cobertura de los sistemas de pensiones. El porcentaje de población de América Latina cubierto por los sistemas provisionales es muy bajo, con niveles por debajo del 30 % en países como Perú, México y El Salvador. Esta baja cobertura se explica principalmente por los altos niveles de informalidad dentro de la región, que alcanza el 65 %.
Además, cuando los individuos contribuyen para una pensión, las tasas involucradas son bastantes bajas. Las edades de jubilación relativamente bajas en Latinoamérica también han perjudicados los esfuerzos para ampliar la cobertura.
«Lamentablemente, no existe el margen fiscal necesario para otorgar mayores pensiones sociales. Tampoco existen los recursos necesarios para subsidiar a los sistemas contributivos, que frecuentemente se financian mediante impuestos indirectos; [los] cuales son, a su vez, regresivos», concluye el documento.
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