¿Cuánto le están debiendo las personas naturales y jurídicas al Estado colombiano?

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  • Publicado: 19 marzo, 2021

¿Cuánto le están debiendo las personas naturales y jurídicas al Estado colombiano?

1.696 entidades públicas reportaron un valor total de la deuda por 117 billones de pesos.

956.624 personas naturales le deben al Estado 86 billones de pesos.

Las entidades públicas con necesidad de pago solo podrán hacerlo a través del cobro coactivo.

Entérate de las entidades a las que más les deben.

El más reciente Boletín de Deudores Morosos del Estado –BDME–, publicado por la Contaduría General de la Nación con corte al 30 de noviembre de 2020, presenta los resultados de los pagos pendientes por parte de la ciudadanía (personas naturales y jurídicas), cuando las deudas superaron el plazo de seis meses y si son de más de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Las deudas de los colombianos en cifras

  • 1.696 entidades públicas reportaron un valor total de la deuda por 117 billones de pesos; una cifra muy alta frente al déficit para las arcas públicas del Estado equivalente a un 24 % mayor a lo que se registró hasta noviembre de 2019.
  • Por su parte, 1.113.097 de personas naturales y jurídicas son las responsables de la deuda reportada.
  • Respecto a las personas naturales, 956.624 le deben al Estado 86 billones de pesos; 73,6 % de la deuda total.
  • 176.000 personas jurídicas le deben 30 billones de pesos, cifra que representa más del 20 % del total del impago.

Consejo Superior de la Judicatura y Dian, entidades a las que más les deben

“las mayores deudas corresponden a personas naturales que tienen obligaciones pendientes con entidades del orden nacional”

Como resultado de la consolidación y análisis de la información comparativa entre este último BDME y el anterior, se observa un incremento en el valor de las acreencias por 9.606,9 billones de pesos; las mayores deudas corresponden a personas naturales que tienen obligaciones pendientes con entidades del orden nacional, especialmente con el Consejo Superior de la Judicatura y la Dian, las cuales suman el 60 % del valor total de la deuda.

Las mayores variaciones fueron presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura y por la Central de Inversiones SA, los cuales tuvieron incrementos de 5.487,2 billones de pesos y 3.620,5 billones de pesos, respectivamente.

En cuanto a retiros de acreencias de cartera se destacan las ciudades de Bucaramanga y Cali, las cuales reportaron retiros por 42,6 billones de pesos y 32,8 billones de pesos respectivamente.

Los incumplimientos de acuerdo de pago presentaron menor cantidad de entidades reportantes así como de personas reportadas, el valor de la deuda presentó una disminución.

Las mayores deudas corresponden a personas naturales que han incumplido acuerdos con entidades del orden nacional.

¿Cómo entender el BDMD?

Con el tiempo el reporte ha presentado cambios. El principal es que las entidades deben reportar los resultados ante el Ministerio de Hacienda para realizar un consolidado de todas las partes adscritas. Anteriormente, las entidades revelaban su reporte individual, acción que podía mitigar los efectos del análisis y la elaboración de estadísticas.

La diferenciación entre el déficit a nivel nacional y territorial sirve para conocer de dónde proviene la deuda. La deuda puede provenir de impuestos territoriales (departamentos y municipios). La ciudadanía también puede estar en mora con la nación o entidades del Estado.

El objetivo del reporte es buscar diferenciar las personas morosas a nivel nacional, municipal y departamental, además de las entidades que funcionan en cada una de estas categorías.

¿Cómo puede el Estado recuperar el dinero?

Anteriormente el Gobierno nacional podía recuperar el dinero proveniente de la deuda a través de mecanismos como, por ejemplo, que los deudores no pudiesen contratar con el Estado.

Sin embargo, en 2005 la Corte Constitucional declaró inexequible la Sentencia C-1083 de 2005 que dictaba esta limitante para ejercer trabajos relacionados con el Gobierno.

Hoy las entidades públicas con necesidad de pago solo podrán hacerlo a través del cobro coactivo. Este cobro consiste en respaldar la deuda a través del respaldo patrimonial del ciudadano moroso, pero si la persona no cuenta con los recursos para saldar las acreencias, el proceso coactivo termina siendo inoperante.

Un problema de esta modalidad de cobro es que las personas también pueden ejercer sus derechos a la defensa, lo que generaría disputas legales en los estrados judiciales ocasionando demoras en el proceso y altos costos.

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