Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Colombia tiene que seguir avanzando y lo debe hacer rápidamente. Si bien los últimos años han sido de progreso –entre 2002 y 2018 el ingreso per cápita creció 59 % y la pobreza se redujo de 50 % a 27 %–, lo cierto es que aún persisten grandes brechas que es preciso atender. Y la forma de hacerlo es elevando la competitividad.
La competitividad es el camino porque se traduce en mayor bienestar para la población y porque responde a una visión multidimensional del desarrollo que exige buenas políticas públicas desde lo local; políticas de largo plazo centradas en aumentar la productividad y basadas en datos y evidencia.
De hecho, como lo muestra el índice de desigualdad de oportunidades del Foro Económico Mundial, son los países más competitivos los que ofrecen igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos, independientemente del lugar en el que nacen o de sus condiciones socioeconómicas. También son estos países los que tienen un ingreso per cápita mayor y en los que las personas se sienten más satisfechas con la vida.
En Colombia, como tantas veces se ha dicho, estamos llenos de diagnósticos y de múltiples propuestas para enfrentar cada uno de los problemas que afectan la productividad, la inclusión y el desarrollo sostenible. Pero nos falta decisión para actuar como sociedad y no seguir tolerando lo que a todas luces es intolerable.
Un ejemplo claro son las brechas regionales, que se ven reflejadas claramente en el índice departamental de competitividad ‒IDC‒, que elaboran cada año el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, y cuya última versión se publicó la semana pasada.
En este, se puede observar cómo, a pesar de los avances mencionados y otros más, persisten en los territorios retos estructurales de diversa índole: instituciones débiles, mercados distorsionados e ineficientes, y enormes brechas socio económicas, por mencionar algunos.
El país no ha avanzado de forma consistente y homogénea. Por ejemplo, aunque la tasa de pobreza monetaria de orden nacional se redujo entre 2002 y 2018 en cerca de 23 puntos porcentuales, la diferencia entre los departamentos con mejor y peor desempeño (Bogotá D.C. y Chocó) no se cerró. Por el contrario, pasó de 38 puntos porcentuales a 49.
Por su parte, hoy la tasa de mortalidad materna es más de 450 veces superior en el departamento más favorecido frente al de peor situación.
Pero quizás una de las brechas más preocupantes está en el pilar de transformación digital, esencial para poder desempeñarse en el siglo XXI y ser parte de la revolución industrial 4.0. En este pilar, la distancia entre el departamento más y el menos competitivo es incluso superior a la brecha del indicador agregado de competitividad.
Indispensable es por tanto contar con políticas activas para reducir esta diferencia, ya que de no hacerlo, en el mundo de cambios exponenciales y disrupción tecnológica de hoy, se pueden generar disparidades en otros indicadores de desarrollo que amplifiquen aún más las distancias.
El diseño y puesta en marcha de las políticas que marcarán el rumbo del país y lo prepararán para los desafíos presentes y futuros no pueden tomarse a la ligera. La buena política pública, y más en este momento de diálogo social, debe ser el resultado de decisiones informadas por la evidencia que apunte a resolver retos estructurales.
Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad.
rcordoba@compite.com.co
Economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Privado de Competitividad
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
