Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Gloria Nancy Jara Beltrán falta proporcionalidad en el régimen sancionatorio para contadores públicos en temas como el uso de la información contable para generar actos que afectan los recursos públicos, cuya máxima sanción es de 12 meses, lo que no se corresponde con el daño que esto genera.
Recientemente, Gloria Nancy Jara Beltrán presentó un balance de la gestión adelantada entre abril de 2016 y mayo de 2017 como presidente del tribunal disciplinario de la unidad administrativa especial Junta Central de Contadores, en adelante JCC.
Durante su rendición de cuentas, Jara Beltrán destacó la atención de 771 quejas sobre conductas de los contadores (54% más que en el mismo período del 2015) y la formulación de 124 fallos sancionatorios ejecutoriados.
Las anteriores cifras atienden especialmente a quejas por comportamientos relacionados con conductas contra la fe pública (65%); es decir, cuando se certifica información contraria a la realidad; violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses (12%) y retención indebida de documentos e información contable (8%).
Adicionalmente, se cerraron 167 expedientes dado que la conducta informada no constituía violación al código de ética de la profesión.
En cuanto a los tipos de sanciones, las más frecuentes fueron: suspensión de la inscripción profesional (106 contadores y 1 firma de contadores), seguida de amonestación (9 contadores) y cancelación definitiva de la inscripción profesional (8 contadores). De estas sanciones, 66 fueron para contadores y 58 para revisores fiscales.
Jara Beltrán llama la atención sobre la falta de proporcionalidad del actual régimen sancionatorio en temas como el uso de la información contable para generar actos que afectan los recursos públicos, cuya máxima sanción es apenas de 12 meses y «no se compadece con el daño que esto le genera a la sociedad».
Solo en sanciones relacionadas con actuaciones ante la DIAN se documentaron pérdidas por $103 mil millones. “Temas como estos deben ser objeto de revisión y modificación normativa”, señaló.De las quejas recibidas, 105 de las acciones denunciadas son consideradas de alto impacto por la cuantía de las pérdidas, los daños ocasionados, o por haber omitido notificar posibles actos de corrupción.
Jara Beltrán destacó las propuestas realizadas para mejorar la función de la Junta Central de Contadores y el Tribunal Disciplinario, relacionadas con: implementar mecanismos de prevención que permitan mitigar riesgos en la operación disciplinaria, fortalecer los sistemas de información y estructura organizacional de la JCC y modificar los términos que establece la ley para el fallo de los procesos, dado que los investigados suelen recurrir a dilataciones para evitar que se falle de manera oportuna.
“Este es el momento en que se debe dar el debate sobre la importancia de la profesión contable en la generación de confianza y las garantías para su ejercicio. Este balance presentado es un insumo fundamental para valorar las temáticas que inciden en el ejercicio profesional de la contaduría pública”, concluyó Jara Beltrán.
* Con información de la Junta Central de Contadores.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
