Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
1,5 millones de dólares pierden en promedio las empresas en Latinoamérica por fraudes corporativos.
Entre los perfiles de los perpetradores hay cuatro tipos, el más significativo incluye hombres de 31 a 40 años, con entre 2 y 5 años de antigüedad en la organización y título universitario.
Las organizaciones latinoamericanas subestiman el impacto del fraude –a juzgar por que solo el 31 % de ellas declaran haber detectado casos durante el último año–, afirma la firma consultora BDO en su informe Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019.
El estudio, que se realizó con el objetivo de entender este fenómeno y advertir a las empresas para evitarlo, analizó las opiniones de 1.554 personas pertenecientes a organizaciones de 18 países latinoamericanos, que en su mayoría ocupan roles directivos en sus organizaciones.
La investigación se llevó a cabo en empresas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Las cifras del informe provienen de un gran espectro de industrias, cuyos porcentajes corresponden en 14 % a bancos y seguros, 12 % a la industria, 3 % a la salud, 4 % a los alimentos, 6 % a la construcción, 5 % a las comunicaciones, 13 % al comercio, 2 % al sector de hotelería y turismo, 3 % al de logística, 5 % al de gobierno y sector público, 2 % al de petróleo y gas, 1 % al de minería, 1 % al de servicios públicos, 5 % a las ONG, 4 % al sector agrícola y 20 % al de servicios.
Según el informe, las principales causas del fraude corporativo en la región se deben, en un 61 %, a la deficiencia de control interno, en primer lugar; en segundo lugar, a una pobre supervisión por parte de la gerencia o la alta dirección, en 50 % de los casos, y en tercer lugar, a la falta de personal calificado en la supervisión de controles, con un 42 %.
Respecto a los costos, el informe indica que este flagelo generó 1,5 millones de dólares de pérdidas en promedio durante 2018 para cada empresa, y que el 22 % de las organizaciones involucradas en fraudes perdieron hasta 10.000 dólares, el 20 % entre 10.000 y 50.000 dólares, el 22 % entre 50.000 y 100.000 dólares, el 12 % entre 100.000 y 500.000 dólares y el 5 % registraron pérdidas por más de 500.000 dólares.El estudio establece los perfiles típicos de los perpetradores, encontrando que en América Latina se identifican cuatro tipos consolidados de defraudadores. El más significativo incluye a personas de 31 a 40 años, con 2 a 5 años de antigüedad en la organización, que tienen un título universitario y son, en su mayoría, hombres.
Así mismo, el Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019 quiso conocer los programas antifraude y anticorrupción presentes en la región, llegando a la conclusión que estos deben obedecer a un sistema robusto de controles como un elemento disuasorio, así como a la adopción de mecanismos de prevención, detección y respuesta frente al fraude corporativo.
En este sentido, el programa más aplicado es el código de conducta, en 67 % de las empresas; la auditoría interna, en 59 %; los canales de denuncia anónimos, en 50 %; el análisis de riesgos de fraudes, en 35 %; la capacitación anual, en 31 %; la debida diligencia de integridad, en 29 %; el protocolo de investigación, en 19 %, los indicadores de fraude, en 16 % y los controles antifraude, en 12 %.
Un factor que llama la atención en el estudio es el bajo porcentaje de verificación de datos para estos cargos de responsabilidad (y posibles defraudadores), encontrando que en 59 % de los casos no se realizó un proceso de “due diligence reputacional”, y que los procesos de verificación que se usaron fueron el estudio de antecedentes penales, en un 79 %; el pedido de referencias de empleos anteriores, en 64 %; la verificación de antecedentes, en 41 %; las consultas en bases de datos públicas, en 41 % y el “background check”, realizado por un tercero, con 5 %.
Aunque en la región países como Colombia, Argentina, Brasil, México, Perú y Chile cuentan con regulaciones anticorrupción, la desvinculación de los defraudadores es la medida más común, en 69 % de los casos, según los conceptos de los encuestados.
Como alternativas, las medidas tomadas frente al fraude son la denuncia judicial, policial o ante el ministerio público, con 45 %; los cambios en los procesos y sus controles, en 59 %; las sanciones internas, con 32 % y el intento de recuperación de los bienes, en 18 %.
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