Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Muchas empresas verían mermada su productividad al tener que asumir nuevas y costosas responsabilidades fiscales lo que haría que se redujeran contratos y beneficios laborales. Se debería concentrar la mayoría del recaudo en una sobretasa al CREE.
Los empresarios nacionales están preocupados por el anuncio del gobierno del cambio que se efectuaría, gracias a la nueva Reforma Tributaria, del Impuesto al Patrimonio al Impuesto a la Riqueza, lo que para ellos es un desestímulo a la inversión. Algunos voceros del sector privado prefieren mejor una sobre tasa al impuesto a la renta.
Sin embargo, en un intento por congraciar el texto con los representantes de los gremios colombianos, el Gobierno se reunió hace dos días con las cabezas visibles de estos sectores en la ede del ministerio de Hacienda, encuentro del cual se desprendieron varias conclusiones.
El Ejecutivo, por otra parte, se siente confiado del apoyo que el texto presentado al Congreso recibirá por parte de los parlamentarios de diferentes bancadas, y la segunda proveniente de la contraparte, que consiste en las diferencias y sugerencias hechas al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.
Es el caso del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, que en cabeza de su presidente, Bruce Mac Master, sugirieron al Gobierno que tal como lo han apreciado en otras ocasiones los expertos, existen aspectos anti-técnicos como el impuesto a la riqueza, que sí afectan a la clase media y ponen en riesgo a muchas empresas generadoras de ingresos para la nación.
Como lo publica Dinero, la ANDI considera que existen factores que merecen especial atención antes de darlos por sentado al seno de la discusión en el Congreso de la República. “El impuesto a la riqueza es una figura que afectaría seriamente a las compañías que han decidido tener buenas prácticas y estar al margen del endeudamiento, optando por ahorrar recursos para épocas de vacas flacas, generando oportunidades laborales y una mejor dinámica empresarial”, explica Mac Master.
Según él una gran parte de la población de la clase media administra empresas con patrimonios entre los $1.000 y $8.000 millones, empresas que verían mermada su productividad al tener que asumir nuevas y costosas responsabilidades fiscales, viéndose obligados a reducir contratos y beneficios laborales.
Para Mac Master se deben priorizar las necesidades de corto plazo, concentrando la mayoría del recaudo en una sobre tasa al impuesto del CREE, aplazando lo relacionado con el impuesto a la riqueza para el año entrante, solucionando así las necesidades de financiamiento inmediato.
Las empresas que representan el primer 20% del PIB pagan impuestos cercanos al 68%, lo que en realidad no resulta nada estratégico dado que se está grabando a los motores de la economía, por lo que aumentar esta carga tendría consecuencias retroactivas.
Por lo tanto, aplazar la discusión del impuesto a la riqueza para el 2015 en el marco de una reforma estructural, tendría mejores efectos que jugársela por una salida rápida al problema inmediato de recursos, destacó Mac Master.
El Impuesto a la Riqueza se causará a partir de enero 1 de 2015. Con el patrimonio líquido al cierre del ejercicio contable a diciembre 31 de 2014 se causa una sola vez y se pagará por cuotas. El recaudo en el año 2015 se ubicará en $6.2 billones, para cubrir con este impuesto el 50% del hueco fiscal. Por otra parte, la sobretasa al CREE aporta $2.5 billones y el impuesto del 4×1.000 ayudará al desbalance de las finanzas del estado $3.4 billones.
El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que el Gobierno Nacional presentará el 20 de julio de 2015 un proyecto de ley que busca ponerle freno a las entidades sin ánimo de lucro que utilizan esa figura para evadir impuestos. “El estimado que existe es que ese sector sin ánimo de lucro recibe ingresos anuales por $130 billones y paga impuestos por $200 mil millones, esa es una tarifa del 0.15%.”, dijo al concluir su intervención en las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República.
Se busca proteger aquellas cooperativas y fundaciones que sí operan con un objeto social. “Que se mantengan todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que hacen bien su trabajo, que se les defienda su estatus de entidad sin ánimo de lucro. Hay muchas universidades, hay hospitales muy serios, con la aprobación de la ley”, dijo.
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