Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Colombia es el cuarto peor país en el mundo para trabajar, según la Confederación Sindical Internacional. El argumento principal es que existe violencia contra los representantes sindicales. ¿Qué está haciendo el Gobierno para mejorar la situación?
Según el índice global 2016 de la Confederación Sindical Internacional –CSI–, la central sindical más grande del mundo, los 10 peores países para los trabajadores son Bielorrusia, Camboya, China, Colombia, Guatemala, India, Irán, Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
A pesar de la fuerte promoción que se hace desde el Gobierno Nacional para que se creen sindicatos, Colombia continúa estando presente entre los peores ranking internacionales sobre derechos laborales. La violencia que ha vivido el país también es una influencia determinante.
Nuestro país se hace acreedor a una calificación de 5, equivalente a «derechos no garantizados» según la CSI, de manera especial por la violencia contra representantes sindicales. «En 2015, se registraron 20 asesinatos de sindicalistas en Colombia, el mayor número de cualquier país», asegura el informe.
Los países latinoamericanos, y en particular Colombia, han estado por décadas en el centro de una controversia por la violencia ejercida contra los que defienden los derechos de los trabajadores.
En la década pasada, cuando Colombia buscaba negociar el tratado de libre comercio con Estados Unidos que finalmente se ratificó en el 2011, Washington presionó para que el Gobierno se comprometiera a adoptar medidas de protección especiales para los sindicalistas y otros pasos para proteger los derechos de los trabajadores, como una condición para tener libre acceso al mercado estadounidense.
En el 2014, un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reconocía la existencia de violencia en contra de sindicalistas, ligada principalmente «al desarrollo de un prolongado conflicto armado interno». Pero ratificó, como se ha venido haciendo insistentemente, que «el Gobierno colombiano ha continuado con las políticas de protección, lucha contra la impunidad y garantías a la libertad sindical», incluyendo un programa de protección especial para garantizar la vida e integridad personal de líderes sindicales.
El Gobierno Nacional asegura que el número de homicidios contra miembros de movimientos sindicales bajó en un 95% entre 2002 y 2013; dicho dato no termina de convencer a las organizaciones sindicales como la CSI, que siguen ubicando al país latinoamericano entre los que menos respetan los derechos de los trabajadores, por cuenta de la persistente violencia contra sus representantes sindicales.
Garantía al derecho de asociación: teniendo en cuenta la importancia que los fiscales tuvieran un mayor conocimiento sobre las normas laborales, que les permitiera avanzar en la investigación y juzgamiento de los procesos por este delito, la OIT ha realizado un trabajo conjunto con la Fiscalía para la capacitación de 143 fiscales. Con dicha iniciativa se logró la identificación de 270 casos sobre violación a los derechos de reunión y asociación, de los cuales se escogieron 19 casos con vocación de éxito que están siendo impulsados desde septiembre; esto ha permitido que se tenga como resultado 3 imputaciones y 2 acusaciones.
Formalización laboral: el control realizado por el Ministerio del Trabajo a la aplicación de la norma que prohibió el uso de las cooperativas de trabajo asociado –CTA– como una figura de intermediación laboral ha sido efectiva; el número de CTA pasó de 2.117 en el 2010 a 277 en el 2015.
En enero del 2016 se comenzaron a regular los contratos sindicales haciendo claridad a su contenido y alcance, teniendo en cuenta que esta figura se ha utilizado para sustituir las CTA. Entre el 2010 y 2015 el número de contratos sindicales pasó de 50 a 2.032, encontrando que este incremento se presenta, en muchos casos, para tercerización laboral sin las debidas garantías. Con la nueva regulación se espera adelantar una labor de inspección focalizada, para lograr que al final del 2016 se haya avanzado en acciones de formalización eficaz con enganche directo de los trabajadores vinculados mediante esta modalidad.
Se trabaja también en una nueva regulación que permitirá gestionar en forma eficaz la labor de inspección laboral en los casos de tercerización ilegal, con lo cual se pretende garantizar los derechos laborales y brindar a empresarios y sindicatos un escenario de certeza y seguridad jurídica en el trámite de los procesos administrativos sancionatorios.
En el 2015 se abrieron 568 procesos laborales sancionatorios y se realizaron 229 visitas a empresas de estos sectores. Se asignaron 100 inspectores de trabajo a nivel nacional para las actividades de cooperativas, precooperativas y empresas de servicios temporales. Un monitoreo sobre los acuerdos de formalización laboral a la fecha arroja que 209 empresas han manifestado su voluntad de celebrar estos acuerdos y 158 ya los han suscrito y concretado. Con esta gestión se ha logrado que más de 25.000 trabajadores tengan contratos de trabajo con vinculación directa.
En el 2015 los acuerdos de formalización crecieron considerablemente alcanzando 71 suscritos, que beneficiaron a casi 4.500 trabajadores, en relación a los 39 acuerdos firmados en el 2014. Las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo realizaron 52 visitas de verificación en el 2015, las cuales evidenciaron el efectivo cumplimiento de los acuerdos en lo que tiene que ver con el aseguramiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y su vinculación en las modalidades regulares que permite la ley.
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