Despido ilegal de trabajador con estabilidad laboral reforzada: efectos

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  • Publicado: 30 agosto, 2021

Despido ilegal de trabajador con estabilidad laboral reforzada: efectos

Para un trabajador con estabilidad laboral reforzada automáticamente se genera un fuero que lo protege del despido con ocasión de su condición.

Conoce las consecuencias que se desprenden de despedir a un trabajador con este fueron sin autorización del Ministerio del Trabajo.

Una persona con estabilidad laboral reforzada es aquella protegida por la ley para no ser despedida o desmejorada en sus condiciones laborales con ocasión de su condición.

Esta situación genera un fuero para el trabajador, razón por la cual, en caso de que el empleador quiera dar por terminada la relación laboral, deberá acudir ante la autoridad competente y solicitar la autorización para finalizar el contrato.

Debido a que la solicitud de dicho permiso es una obligación prevista en la ley, cuando el empleador no lo solicite incurre en un despido ilegal, y deberá asumir las consecuencias que se desprendan de esta acción.

En el siguiente video, Angie Marcela Vargas, abogada consultora en derecho laboral, explica las consecuencias de despedir de manera ilegal a una persona con estabilidad laboral reforzada:

Efectos de despedir a un trabajador con fuero de estabilidad laboral reforzada

En el evento en que un trabajador con estabilidad laboral reforzada sea despedido sin el correspondiente permiso, podrá iniciar una de dos acciones judiciales: acción de tutela o demanda ante un juez laboral.

Una vez presentada cualquiera de dichas acciones y probado que el despido fue ilegal, el juez declarará la ineficacia del despido, ordenando de esta manera el reintegro inmediato del trabajador. A su vez, ordenará el pago de salarios, prestaciones sociales y descansos remunerados y la cotización de aportes a seguridad social. Todo esto por el tiempo que duró el período de despido hasta el reintegro.

Por último, se le ordenará al empleador el pago de una indemnización de entre 60 a 180 días de salario según el fuero con el cual el trabajador se encontraba protegido.

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