Determinación del costo fiscal en la prestación de servicios, otra novedad de la reforma tributaria


CASOS PRÁCTICOS, Impuestos Publicado: 27 febrero, 2018

Los métodos de valoración de inventarios de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad son los consagrados en los nuevos marcos técnicos normativos contables. Otra novedad que trajo la reforma tributaria es la determinación del costo fiscal de la prestación de servicios.

En nuestra conferencia titulada Conceptos por los cuales puede disminuirse el inventario desde el punto de vista tributario observamos que con la modificación realizada al artículo 62 del ET por parte del artículo 42 de la Ley 1819 de 2016, la normativa tributaria permite determinar el costo de los inventarios a través del juego de inventario o periódico, o mediante el sistema de inventarios permanentes o continuos. 

 En esta ocasión, es necesario destacar que mediante el artículo 44 de la reforma tributaria estructural se modificó el artículo 65 del ET, que establece los lineamientos en torno a los métodos de valoración de inventarios para efectos fiscales, para que estipulará que las fórmulas para calcular el costo y las técnicas de medición del costo que deberán usar los contribuyentes obligados a llevar contabilidad son las que se encuentran consagradas en los nuevos marcos técnicos normativos contables o aquellas que llegue a determinar el gobierno nacional. De esta manera, el método de valoración de los inventarios será aquel que el contribuyente definió en su política contable. 

 Por otra parte, es válido traer a colación que el artículo 66 del ET, modificado por el artículo 45 de la Ley 1819 de 2016, indica cómo debe determinarse el costo fiscal de los bienes muebles y de prestación de servicios cuando el contribuyente se encuentra o no obligado a llevar contabilidad; la versión anterior solo hacía referencia al costo fiscal de los bienes muebles; así, se entiende entonces que otra de las novedades que trajo la reforma tributaria es la determinación del costo fiscal en la prestación de servicios; el cual, para los obligados a llevar contabilidad, corresponde al valor devengado conforme a los Estándares Internacionales, mientras que para los no obligados a llevar contabilidad, corresponde a los valores efectivamente pagados.  

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