En febrero del pasado año 2009, la DIAN había emitido un boletín donde anunciaba que entraría a efectuar visitas aleatoriamente a las empresas (tanto de personas naturales como de personas jurídicas) para verificar si los distintos software instalados en los equipos de computo (y en especial los software de facturación) estaban o no debidamente licenciados,
Y ahora, en Febrero de 2010, la misma entidad ha ratificado con un nuevo boletín que tales visitas continuarán durante el presente año pues en lo corrido de los últimos meses, de 30 visitas adelantadas a personas jurídicas representativas del país, 27 casos ya fueron reportados a la Fiscalía por ser entidades que no tenían software legal.
Sobre la gravedad de este asunto, la DIAN menciona en su boletín lo siguiente:
“Colombia tiene una tasa de ilegalidad informática del 56%, la más baja de Latinoamérica. Sin embargo, las autoridades estatales y los gremios del sector afirmaron que buscarán reducir 10 puntos ese índice.
Para la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, quien compra pirata es como si adquiriera contrabando, es decir le está haciendo daño al país. Además, las visitas adelantadas han servido no sólo para identificar la legalidad del software en su aspecto tecnológico, sino además identificar irregularidades tributarias.”
(el subrayado es nuestro)
En relación con este tema, y como lo mencionan en los boletines de la DIAN, hace tiempo que la Ley 603 de 2000, al modificar el artículo 47 de la ley 222 de 1995, dispuso que en el Informes de Gestión mencionado en dicha norma, y que debe ser expedido anualmente por los administradores de todas las sociedades comerciales (pequeñas, medianas o grandes), tales administradores deberían dejar en claro si la sociedad tiene en regla o no lo referente al uso legal de cualquier obra que esté protegida por derechos de autor (como por ejemplo los software que hayan instaladazos en los equipos de la empresa).
Por consiguiente, son esos administradores los responsables de estar velando de que en los computadores de las sociedades comerciales solo se estén instalando aplicativos que sí cuenten con su respectiva licencia (Nota: Una simple licencia para usar legalmente el Office 2007, es decir, para usar el Word 2007, Excel 2007 y powerPoint 2007 los cuales son los aplicativos más comumenten instalados en casi todos los computadores de las empresas, solo está costando hoy día $140.000).
Y claro está, en esa labor podrían también colaborar los auditores externos o Revisores fiscales quienes pueden, en sus revisiones de control interno, incluir la evaluación del cumplimiento de este punto (nota: recuérdese en todo caso que en el último párrafo del modelo estándar de dictamen de Revisor Fiscal que incluyó la Supersociedades en el numeral 6 de su Circular Externa 115-000011 de Octubre de 2008, dicho párrafo no mencionaría que el Revisor Fiscal fue el que revisó la legalidad del software de la persona jurídica dictaminada sino que solamente diría que “existe la debida concordancia entre la información de gestión de los administradores y la incluida en los Estados Financieros”).
Así mismo, si los Auditores y Revisores van a estar controlando que sus clientes sí tengan legalizadas sus copias de software, lo más lógico es que esos propios Auditores y Revisores (y hasta los contadores que llevan contabilidades por outsorsing) estén dando el ejemplo teniendo ellos primero legalizado el software que tengan instalados en sus propios equipos…(consulta nuestro anterior editorial: “Software contable pirata: ¿Cómo afecta a las sociedades que subcontratan su contabilidad”)
Hay que tomar en cuenta además que muchas veces la responsabilidad de la legalidad del software instalado en los computadores de una empresa recae en los propios empleados que van pasando por la empresa pues muchos de ellos hacen descargas de aplicativos desde la Internet y muchos de esos aplicativos pueden no tener la respectiva licencia o tenerla vencida por haber sido una simple copia de prueba.
Por consiguiente, en toda empresa se deben dar instrucciones claras al respecto para evitar que la empresa sea acusada por usar software ilegal.