Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Durante los procesos de auditoría se deben reevaluar y discutir las evaluaciones que la gerencia ha realizado sobre la continuidad del negocio que está funcionando. El revisor fiscal o auditor, al considerar que la evaluación no es adecuada, puede emitir una opinión desfavorable.
La finalidad de todo proceso de auditoría es presentar un dictamen sobre la razonabilidad y fiabilidad de la información que contienen los estados financieros. Hoy, a la luz de los Estándares Internacionales de Auditoría, es necesario centrar la atención en la metodología con la cual se llega al dictamen.
Una de las etapas del procedimiento de auditoría es la planeación de la misma, donde se analizan los posibles riesgos que se pueden dar en una entidad, como son los errores, fraudes y riesgos asociados al negocio y sus incidencias en la continuidad de la empresa.
De igual forma, durante el proceso de auditoría el revisor fiscal debe reevaluar y discutir la evaluación que ha hecho la gerencia sobre la continuidad del negocio en funcionamiento, y si considera que dicha evaluación no es adecuada puede emitir una opinión desfavorable en su informe.
Por muchos años una entidad ha operado con un cliente que representa el 80% o más del total de sus operaciones de ventas. En primera medida, este caso representa un riesgo para la continuidad de la entidad a futuro, pero a la hora de emitir una opinión un revisor fiscal debe tener sumo cuidado al analizar la situación.
Un revisor fiscal con análisis ligero y sin profundizar en todas las variables y posibles consecuencias, podría concluir que la hipótesis de empresa en funcionamiento ha sido mal evaluada por la gerencia; al existir tal incertidumbre se debe pensar en las implicaciones que tiene una opinión desfavorable dada la situación que se presenta. De tal manera sería un hecho que las relaciones de la entidad con sus clientes, proveedores, accionistas, bancos, etc., se verían negativamente afectadas y, por ende, representarían el comienzo de situaciones que podrían desencadenar en el fracaso de la entidad en su funcionamiento a futuro. En otras palabras, una opinión mal fundamentada o a la ligera, podría tener impacto negativo en la entidad y puede ser precisamente la que desencadene una serie de acciones que lleven hasta un cierre, lo cual se pudo evitar.
Situaciones como las anteriores requieren que el revisor fiscal elimine todo pensamiento y análisis superficial frente a situaciones meritorias de un minucioso cuidado, para no ser el artífice indirecto de una situación desfavorable que afecte negativamente a la empresa y en últimas a la sociedad. Hay riesgos que pueden no materializarse según el concepto y la experiencia de la parte administrativa conocedora por muchos años del funcionamiento de su negocio.
A raíz de esto le queda al auditor, como responsabilidad, evaluar muchos elementos de mano con la gerencia, como el entorno general y específico, aspectos del negocio, entre otros, para lograr llegar a un dictamen acorde con la realidad del negocio.
No hay que olvidar que aunque el auditor o revisor fiscal no haga alusión a incertidumbre alguna respecto a la continuidad de la empresa en funcionamiento, esto no es garantía de que el negocio continuará en marcha a futuro, debido al riesgo de auditoría que siempre está implícito y a la imposibilidad del auditor de predecir hechos o situaciones futuras.
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