Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Aunque he tratado previamente este tema en opiniones anteriores, considero oportuno abordarlo de nuevo con un enfoque analítico diferente.
Para iniciar, repito lo que ya he mencionado en una gran cantidad de veces durante los últimos 47 años y que, de acuerdo con la normatividad legal colombiana, sigue teniendo vigencia absoluta:
“Algunos revisores fiscales han estado actuando equivocadamente al cumplir con esta obligación; pues acostumbran fundir en un solo documento el dictamen ordenado por el artículo 208 del Código de Comercio y el informe anual a la asamblea o junta de socios establecido en el artículo 209 ibídem”.
Las superintendencias se han ido por el mismo camino. No han podido –o mejor, no han querido– entender que son dos documentos absolutamente distintos. No hay peor entendedor que el que no quiere entender. De pronto nunca se les ha ocurrido leer con atención los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, mencionados arriba, así como lo que indican las NIA 700 a 720.
El artículo 208 del Código de Comercio dice concretamente que se trata de un dictamen sobre “balances generales” (actualmente debe interpretarse como estados financieros, según lo establece el artículo 38 de la Ley 222 de 1995) y estipula taxativamente cuál debe ser su contenido mínimo. Si examinamos atentamente la norma, podemos concluir que definitivamente debe referirse a los estados financieros y no a las operaciones de la empresa, actos de los administradores, calidad del control interno u otros aspectos que deberían ser conocidos exclusivamente por sus propietarios y administradores, y por las autoridades competentes del Estado.
Solamente dos aspectos que no se relacionan directamente con los estados financieros deben ser incluidos dentro del dictamen emitido por el revisor fiscal:
1. Indicar “(…) si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva, en su caso”, como se indica en el numeral 3 del artículo 208 del Código de Comercio.
2. Lo exigido por el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, en cuanto tiene que ver con los aportes para seguridad social, así:
“Artículo 11. Certificaciones de contadores y revisores fiscales. Los aportantes obligados a llevar libros de contabilidad que, de conformidad con lo establecido por el Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener revisor fiscal, deberán exigir que dentro de los dictámenes que dichos revisores deben efectuar sobre los estados financieros de cierre e intermedios, se haga constar claramente si la entidad o persona aportante ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema (…)”
En mi opinión, lo establecido en el artículo 11 aquí citado no debería aparecer dentro del dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros, sino en su informe a la asamblea general de accionistas (sociedades de capital), a la junta anual ordinaria de socios (sociedades de personas) o a los órganos equivalentes (como asamblea general de asociados o de delegados en las cooperativas y fondos de empleados, asamblea general de copropietarios en las propiedades horizontales y conjuntos residenciales, asamblea general de fundadores en las fundaciones, etc.). Posiblemente este artículo fue producto de un indeseado error por parte de sus redactores, error que se podría corregir fácilmente mediante otro decreto reglamentario.
No es correcto que el revisor fiscal haga un solo documento que incluya lo ordenado por los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, pues el dictamen debe referirse a los estados financieros y no tiene destinatarios específicos, toda vez que es de libre e ilimitado conocimiento, mientras que el informe “a la asamblea o junta de socios” sí debe ser dirigido al máximo órgano social de la entidad. Este último se refiere a actos de los administradores y operaciones de la empresa que deben ser conocidos exclusivamente por los propietarios y administradores de la entidad y por las autoridades competentes del Estado.
Normalmente son bastantes las entidades públicas y privadas que piden estados financieros dictaminados, los cuales necesariamente deben presentarse acompañados del dictamen del revisor fiscal (donde lo hay) o de un auditor independiente, entre ellas: superintendencias, bancos y otras compañías financieras y empresas a las que se presenta información para participar en licitaciones, inversionistas, proveedores y clientes. A ellas les interesa únicamente la información contenida en los estados financieros y no es conveniente que conozcan datos privados de operaciones y manejo de las empresas.
“El informe a la asamblea general de accionistas o a la junta de socios”, por el contrario, tiene un destinatario específico: la asamblea general de accionistas o la junta de socios, según el caso. La información que contiene no debe ser divulgada de manera libre e ilimitada; en cambio, debe ser de conocimiento restringido, solo para los propietarios y administradores y, en casos especiales o que las normas legales lo exijan, para los organismos de inspección, vigilancia y control del Estado o las autoridades judiciales que lo requieran.
En síntesis:
CP. Carlos Humberto Sastoque
carsastoque@yahoo.com
Contador público, coautor de los libros ‘Iniciación a las NIIF’ y ‘Valor Agregado de la Revisoría Fiscal’.
De igual manera, ha ocupado los siguientes cargos: asesor del Consejo Técnico de la Contaduría y de la Junta Central de Contadores, miembro de la Junta Central de Contadores, director ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de Colombia, vicepresidente técnico de la Confederación Iberoamericana de Contadores Públicos, director ejecutivo y secretario general de la Confederación de Asociaciones de Contadores Públicos de Colombia, CONFECOP.
Email: carsastoque@yahoo.com
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
