Dificultades del CTCP no han desaparecido, ni la Junta Central de Contadores redujo sus tarifas – Hernando Bermúdez Gómez

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  • Publicado: 26 enero, 2018

No siempre han sido armoniosas las relaciones entre la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Algunos olvidaron y otros nunca supieron que la primera fue responsable del presupuesto del segundo, pues así lo quiso la Ley 43 de 1990. Pero esta estructura falló. La Junta no quiso dar dineros suficientes al Consejo, aunque ya tenía sumas importantes en inversiones. Para solucionar esto se trasladó tal responsabilidad al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por medio de la Ley 1314 de 2009. Como lo hemos expuesto, las dificultades del CTCP no han desaparecido, ni la Junta redujo sus tarifas cuando ya no tuvo que asumir los gastos en cuestión, como tampoco redirigió sus energías en favor de los procesos disciplinarios.

En el Informe de gestión 2017 del CTCP se reseñan las actividades que los dos organismos de la profesión contable realizaron conjuntamente sobre las normas de aseguramiento de información, especialmente en materia de ética y control de calidad. En 27 eventos asistieron unas 5.000 personas. Hay que aplaudir que hayan encontrado formas de trabajar en común, pero también hay que subrayar que semejantes esfuerzos apenas alcanzan a algo más del 2 % de los contadores activos. Hay que pensar de otras formas para lograr cubrimientos que superen el 70 % del total de contables y el 100 % de las firmas de contadores. Mientras que no se publiquen los gastos de estos eventos seguiremos sin saber si debemos creer o no ciertos chismes.

Como en el pasado, luego de ligeras lecturas, sin conocimiento de los antecedentes ni de los contextos, muchos son ahora expertos en normas de aseguramiento. En nuestro medio, todos los estándares son idealizados, tanto así, que hasta llegan a presentarse como normas que determinan la dirección, pero que son inalcanzables, escenario muy distinto del que desde su nacimiento han tenido en mente la IASB e IFAC.

Los eventos mencionados sirvieron para socializar la estrategia del director de la Junta, que genera muchas preocupaciones al Tribunal Disciplinario según lo que éste ha hecho constar en sus actas, de llevar adelante un programa de control de calidad, sobre lo cual hay pequeñas acciones que podrían citarse como antecedentes, como el grupo de inspectores de revisores fiscales que funcionó durante algún tiempo en la Superintendencia Financiera de Colombia. En su gran mayoría los contadores no saben lo que es una supervisión estatal, lo que a algunos se les hace fácil hablar mal de las grandes firmas que, por el contrario, son permanentemente objeto de inspección, vigilancia y recientemente de control. Aunque nosotros tampoco estamos de acuerdo con adelantar este programa mientras el citado Tribunal esté atrasado, esperaremos a ver qué produce. Por ahora cabe señalar que muchas diligencias han sido devueltas por no satisfacer el rigor procesal que supone el derecho disciplinario aplicable a los contadores públicos. También ha sonado la campana para varias organizaciones, pues en casa de herrero azadón de palo.

Sobre el autor

Hernando Bermúdez Gómez

Las publicaciones “Contrapartida” son escritas por miembros de la comunidad académica del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana.



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