Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La ley de transparencia pone la lupa sobre el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Se sancionarán las conductas delictivas que afectan el orden público-económico y la competitividad, las cuales impiden el crecimiento y desarrollo de la nación.
A través de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, lo que se conoce como velo corporativo se levanta cuando se tengan sólidos indicios de que la acción u omisión de una persona jurídica pueda determinar que existen casos de corrupción que ponen en riesgo los recursos públicos.
Con esta se combatirá la corrupción y el soborno transnacional que involucre a empresas o entes corporativos, ya que contempla medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra las anteriores conductas.
La ley también refuerza la articulación y coordinación de las entidades del Estado y promueve la cultura de la legalidad e integridad con el fin de recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público.
La Supersociedades fue uno de los organismos que participó en su elaboración. Según destacó Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades:
La idea es blindar el tejido empresarial del país, previniendo y sancionando conductas delictivas que afectan el orden público-económico y la competitividad, e impiden el crecimiento y desarrollo de la nación.
A través de un boletín de prensa, la Supersociedades explica que la Ley 2195 modifica el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, entre otras medidas:
La ley también fortalece las facultades otorgadas a la Supersociedades para detectar, investigar y sancionar administrativamente a las empresas por conductas de soborno transnacional. Entre otras medidas:
De esta manera la ley subsana algunas carencias detectadas por la OCDE en su evaluación en materia de implementación de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
