Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Cecilia Rico, directora de Gestión de Ingresos de la DIAN, y Gloria Nancy Beltrán, defensora nacional del contribuyente y del usuario aduanero, coinciden al decir que el nivel de cultura tributaria en Colombia es baja. A lo anterior se le suma que la evasión fiscal se ve simplemente como una infracción y no como un delito.
Luego del escándalo de los Panama Papers la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– estima que pueden existir activos de colombianos en el país vecino por unos USD 20.000 millones, de los cuales el año pasado solo la mitad de las personas y empresas reportaron. Es evidente que queda un grupo grande de contribuyentes que no han reportado las inversiones que tienen en el exterior.
El director de la entidad, Santiago Rojas, explicó que se encontraron casos de empresas que adquirieron facturas fraudulentas para inflar los gastos y disminuir tanto las utilidades como el pago de los impuestos, así como grupos familiares que no reportaron ingresos generados fuera del país.
Se estima que solamente la evasión del IVA se lleva una octava parte de la recaudación total impositiva, $12 mil millones anuales –unos USD 4 mil millones–, sobre una recaudación total de más de $100.000 millones.
Solo un fragmento de esta evasión, la del impuesto al patrimonio, equivale en servicios públicos al presupuesto anual de salud y educación. Con un problema de esta magnitud asombra que la evasión fiscal no sea delito en Colombia.
El presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario Benjamín Cubides indica a BBC Mundo la situación legal de la evasión fiscal. «Es una infracción administrativa, similar a cruzar un semáforo en rojo, pero sin consecuencias penales. Hay casos peculiares como la retención del IVA que debería pagarse al fisco que están castigados, pero no ya como evasión sino como algo equivalente al peculado, una especie de robo. A pesar del debate que ha habido sobre el tema hay una resistencia política y cultural a tratar la evasión fiscal como delito».
El recaudo tributario en Colombia es uno de los más bajos en América Latina –15,3% del PIB–, el creciente déficit fiscal es de unos USD 10 mil millones –3,6% del PIB– y hay una baja inversión social, pero raramente se menciona a la evasión como una de las causas de estos problemas.Cecilia Rico, directora de Gestión de Ingresos de la DIAN, dice en entrevista con Actualícese que cada día la entidad cierra más el cerco contra los evasores, elusores, morosos y contrabandistas, lo que se hace con el intercambio de información. «En el 2015, en el primer semestre, fueron muy pocas las personas que presentaron la declaración de normalización tributaria, quizás apostándole a que la norma no iba a ser exequible. Hoy se cuenta con intercambio con 93 países», expresa.
Rico menciona que gracias a la Ley 1739 del 2014 existen herramientas para controlar la evasión. «Desafortunadamente, el nivel de cultura tributaria en nuestro país es bajo y si persistimos en buscar formas de que los contribuyentes que se encuentran fuera de la corriente tributaria lo hagan, pues mucho mejor. Con la ley se tiene la posibilidad por 3 años y lo que hace la DIAN es procurar que el mayor número de contribuyentes normalicen sus obligaciones con la entidad», afirma.
Gloria Nancy Beltrán, defensora nacional del contribuyente y del usuario aduanero, afirma en entrevista con Actualícese que “las acciones orientadas a aumentar el cumplimiento voluntario de los tributos, debe abarcar, además de la reducción del número de impuestos, la adecuada destinación del gasto, y la conformación de un sistema tributario que sea acorde con los principios de equidad, progresividad y justicia”.
Para Beltrán, la existencia de los impuestos en el sistema democrático otorga una serie de derechos y deberes a los ciudadanos y al Estado. “La principal tarea es generar conciencia entre los ciudadanos, de la importancia que tiene para el desarrollo del país el pago de los impuestos, que la sociedad se construye a partir de la tributación, y que a través de este recaudo se generan los ingresos para atender necesidades colectivas como salud, educación, seguridad e infraestructura”.
“En la medida en que somos conscientes de nuestro papel de contribuyentes, condición que tenemos cuando realizamos una compra en una gran superficie o en una tienda de barrio, cuando realizamos una transacción bancaria, cuando recargamos el celular o cuando declaramos renta, comenzamos a exigir que las demás personas obligadas a pagar impuestos lo hagan, y a entender que la formalidad es una opción necesaria para construir país, teniendo en cuenta que las prácticas elusivas o evasivas son censurables y tienen como consecuencia que la carga de sufragar los gastos del Estado recaiga únicamente en las personas que cumplen con su deber”, agrega Beltrán.
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