Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, dijo que la ciudadanía reclama una reforma estructural que regule la forma como se eligen los directivos de los órganos de control, entre ellos, los del Congreso de la República.
El viernes 18 de agosto fue el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, y en un acto, el Concejo de Bogotá, cumpliendo el Acuerdo 654 de 2016, descolgó los cuadros de los expresidentes Hipólito Moreno, Germán Olano, y Orlando Parada, hoy condenados por su participación en el carrusel de la contratación; el caso de corrupción más grande que haya conocido Bogotá y que les costó a los bogotanos alrededor de 2.2 billones de pesos.
Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia y uno de los invitados al acto, se refirió al importante valor que actividades como estas tienen en la lucha contra la corrupción. Destacamos algunas frases de su intervención:
En conclusión, de todo lo referido por el funcionario puede deducirse que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad mancomunada, y que cuando la sociedad decide actuar, los logros serán siempre visibles.
Según el Barómetro Global de la Corrupción en Colombia, el 79% de los colombianos cree que la ciudadanía sí puede marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción. Al respecto, la ciudadanía puede y debe organizarse para ejercer dos importantes acciones: el control y la sanción social.
Por una parte, el control social es la acción organizada de la ciudadanía frente al cuidado en el uso de los dineros públicos, e inclusive de los bienes sociales y de las prácticas del mercado para garantizar la transparencia y el bien de todos.
En Colombia hay claros ejemplos de que la ciudadanía puede unirse y exigirle al Estado respuestas e información sobre el manejo de los dineros públicos. En Cúcuta, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Cali, entre otras, ciudadanos organizados lograron entablar un diálogo con las instituciones, impedir la corrupción y que las obras y servicios se llevaran a cabo.
«Por otra parte, la sanción social es lo que hacemos hoy acá. Es demostrarle a los corruptos que la sociedad puede también castigarlos. Ese castigo se puede expresar con la indignación y el rechazo a estos personajes condenados por corrupción; con la sanción política, no votando por ellos más, ni por sus parientes cercanos, ni por los movimientos que los eligieron», aseguró Hernández.
El director de Transparencia por Colombia dijo también que una de las sanciones impartidas tanto por el comercio como por los consumidores a los empresarios y empresas corruptas es la renuencia de estos frente a la compra o comercialización de sus productos y servicios.
«Una sociedad organizada, que se moviliza contra la corrupción puede, de esta manera, establecer un diálogo permanente con las autoridades para proteger los recursos públicos y para exigir ética y transparencia en lo privado», aseguró Hernández.
Según los resultados del índice de Transparencia de las Entidades Públicas 2015 – 2016, los indicadores que tienen que ver con rendición de cuentas y el control social se encuentran por debajo de 60 puntos, y el que tiene que ver con la atención al ciudadano se encuentra por debajo de los 70, lo que indica que las entidades públicas deben hacer un esfuerzo por abrirse al diálogo con los ciudadanos.
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