Efectos de la Ley de crecimiento económico: riesgos en metas fiscales y en el recaudo a partir del 2020

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  • Publicado: 31 diciembre, 2019

Efectos de la Ley de crecimiento económico: riesgos en metas fiscales y en el recaudo a partir del 2020

Beneficios a las personas jurídicas afectarían el recaudo neto desde 2020 en cerca de 1 % del PIB.

El ajuste fiscal requerido a partir de 2021 y la reducción en el saldo de la deuda pública, harán necesaria la adopción de reformas estructurales tanto de ingresos como de gastos.

El grupo de investigaciones económicas, sectoriales y de mercado de Bancolombia, publicó el 23 de diciembre de 2019 un análisis titulado Efectos Ley de Crecimiento Económico, el cual asegura que a través de las medidas tomadas con la ley, la proyección del crecimiento económico de Colombia para el próximo año sería del 3,3 %.

«En efecto, nuestra visión para el próximo año supone la continuación en la reducción de la carga impositiva a las empresas, lo que seguirá ejerciendo un efecto positivo pero moderado en la inversión. Gracias a ello, la formación bruta de capital fijo se expandirá en 2020 a una tasa estimada de 5,1 %, tasa cercana a su promedio de la última década», indica el documento.

Tres medidas que tendrán consecuencias positivas

El análisis de Bancolombia destaca tres elementos nuevos que pueden impactar positivamente el consumo privado, principal componente del gasto agregado y que ha jalonado la recuperación de los últimos años en la economía.

La adopción de la medida 3 días sin cobro de IVA a un conjunto de productos y por ciertos montos; la compensación del IVA pagado por el 20 % de la población de menores ingresos y la reducción de los pagos de salud de los pensionados de hasta dos salarios mínimos, tendrá una influencia positiva en el ingreso disponible que será previsiblemente destinada a la compra de bienes de consumo.

Por lo tanto, esto confirma que en 2020 el crecimiento del gasto de los hogares se expandirá por encima del PIB.

Dudas originadas por la Ley de crecimiento económico

Por su parte, las principales inquietudes económicas frente a la ley están relacionadas con los puntos adicionales en la tarifa de renta a las entidades financieras y las perspectivas fiscales de mediano plazo.

Frente al primer punto: «la experiencia internacional pone de manifiesto que un incremento de la carga impositiva del sector financiero se asocia a una menor colocación de crédito, aumentos en las tasas de interés, reducción en los depósitos y descapitalización de las entidades», indica Bancolombia.

«Algunas de las funciones económicas más importantes de los intermediarios de crédito (monitoreo de las firmas, reducción de asimetrías de información, provisión de servicios de gestión de riesgo y administración de medios de pago, entre otras) se distorsionan, lo que afecta la distribución eficiente del capital entre los diferentes agentes», agrega el análisis.

Beneficios para empresas afectarían recaudo desde 2020

“la ley puede llegar a tener un impacto desfavorable sobre las finanzas del Gobierno nacional en el mediano plazo”

Frente al segundo punto, la ley puede llegar a tener un impacto desfavorable sobre las finanzas del Gobierno nacional en el mediano plazo, situación que se presentaría porque los beneficios a las personas jurídicas afectarían el recaudo neto desde 2020 en cerca de 1 % del PIB. Además, los nuevos componentes pueden tener un costo adicional de 0,5 % del PIB.

El Gobierno estima que este costo será financiado por el recaudo proveniente de un mayor crecimiento económico, así como mejoras en la gestión de la Dian y facturación electrónica.

Al respecto, Bancolombia considera que: «donde podrían originarse ingresos adicionales sería en la segunda fuente, ya que es improbable que con menores tarifas corporativas el recaudo tributario como proporción del PIB pueda aumentar de forma sostenida. En cualquier caso, el monto efectivo que se logre obtener por la vía de una mejora en la administración tributaria es incierto».

Riesgos en las metas fiscales de 2020

Según el análisis, lo que hará que en 2020 los riesgos asociados al cumplimiento de las metas fiscales estén contenidos, serán las fuentes de ingreso extraordinarias, entre las que se destacan las mayores utilidades del Banco de la República y Ecopetrol, así como los traslados entre regímenes pensionales.

Bajo estas circunstancias, a lo largo del próximo año se seguirá observando la regla fiscal, lo que a su vez contribuirá a que se mantengan las calificaciones soberanas del país.

No obstante, dado que las fuentes adicionales de ingreso antes mencionadas no tienen un carácter permanente, «el ajuste fiscal requerido a partir de 2021, y la consecuente reducción en el saldo de la deuda pública, harán necesaria la adopción de reformas estructurales en materia tanto de ingresos como de gastos», indica el análisis.

La anterior necesidad es evidente teniendo en cuenta que, a pesar de la ley que se acaba de aprobar, el Estatuto Tributario colombiano sigue en mora de adoptar muchas de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–, las cuales están orientadas a mejorar la competitividad del país.

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