Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Con los aumentos en servicios públicos, transporte, combustibles, arriendos y las alzas tradicionales de comienzos de año, el incremento del 3,4% en el salario mínimo para 3 millones de trabajadores, ya es historia.
Debido a esto los sindicatos le solicitarán al presidente Santos, en una reunión programada a finales de mes o en febrero, una revisión y un aumento extraordinario en el ingreso mínimo. «Sólo falta la hora y la fecha, pero el encuentro está agendado cada dos meses, para discutir temas de actualidad, y qué más actual que el salario de los colombianos», le dijo a La República, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT.
Para él, «el salario, constitucionalmente es móvil y vital, y no se puede condenar a los trabajadores que lo devengan, a sobrevivir en medio de las penurias, cuando el año ya comenzó con impactos en la canasta familiar, como servicios públicos, transporte, peajes, combustibles, y medicamentos, cuyos incrementos nadie controla».
Por otra parte, el presidente de la CUT, Tarsicio Mora dijo que 2011 será un año complejo para los colombianos, debido a «la tercerización laboral en empresas oficiales y privadas; la privatización y alzas en los servicios públicos; el invierno que seguirá durante 2011; las reformas laborales que dejó el anterior Gobierno; las amenazas y asesinatos de sindicalistas (41 en 2010) y la crisis en la mesa de concertación laboral y salarial que no ha cumplido con su propósito».
El presidente Juan Manuel Santos, anunció una revisión del incremento del salario mínimo. Dijo que la decisión será evaluada en conjunto con los ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y de Protección Social, Mauricio Santamaría.
La propuesta del jefe de Estado es ajustar el mínimo en un cuatro por ciento, teniendo en cuenta que la inflación en el 2010 fue del 3.17%, muy por encima de las proyecciones que había realizado el Banco de la República, que esperaba un IPC entre el 2.7 y 2.8%.
Un reajuste del 4% representa un aumento de $20.600, lo que implicaría que el mínimo pasara de $515.000 a 535 mil 600 pesos.
Ricardo Bonilla, experto del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, cree que no hay alternativa para un cambio en el decreto que fijó el salario mínimo, ya que la posibilidad de aumentarlo con base en el costo de vida para las personas de bajos ingresos bajos no ha pasado de ser un tema de debate.
El investigador advierte en Portafolio que en diciembre el mayor impacto lo sintieron las personas de estratos bajos, ya que los precios de los alimentos fueron los que más se incrementaron para este segmento. Para quienes ganan el mínimo la comida representa entre el 30 y el 45% de su consumo total. Esto es lo que más pesa en su canasta.
Hay que sumarle las alzas que se espera para enero, pues además de los reajustes de comienzo de año en transporte, peajes y multas, entre otros, los alimentos se van a resentir de forma fuerte en enero, ya que el año pasado no se alcanzaba a percibir el desabastecimiento, como en efecto ya está ocurriendo en algunas ciudades.
+ El salario mínimo sí perdió poder de compra; la inflación para ingresos bajos fue de 3,58% De esta manera, se abre el debate sobre si el incremento del salario mínimo para este año, de 3,4%, contradice la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional.
Una noticia positiva a nivel laboral es la que anunció la viceministra de Salud, Beatriz Londoño, al anunciar que se crearán empleos temporales para los damnificados por la ola invernal. «La idea es que está destinado para que las personas damnificadas y beneficiarios de la Red Juntos en las zonas afectadas puedan acceder sin pagar pensiones, ni salud, sino que esto estaría a cargo de los empleadores, a empleo temporal, que tendría una duración máxima de 6 meses”.
La iniciativa también servirá para apoyar la primera fase, que es la remoción de escombros, dragado, limpieza. Para la segunda, que se refiere a la reconstrucción de viviendas, reparación de vías y construcción de vivienda educativa, hospitalaria, entre otros, la Viceministra explicó en La República que el empleo temporal tendría una duración de 18 meses.
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