Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El contador público y exasesor del Consejo Técnico de la Contaduría y de la Junta Central de Contadores, Carlos Humberto Sastoque, asegura que por omisión o ignorancia de sus funciones los profesionales contables no pueden convertirse en cómplices de empresarios privados y funcionarios públicos corruptos.
Es fundamental para que la empresa tenga adecuadas medidas de control y oportuno conocimiento de sus resultados y su situación financiera. El contador es la base de la estructuración de un eficiente sistema de control interno, de la acertada proyección de las actividades futuras y de la corrección de muchas fallas que se detectan al analizar la información financiera. Esto, en el caso de los contadores responsables de los registros de las transacciones y de la preparación de los estados financieros y la información complementaria.
Por parte de los revisores fiscales, su vigilancia continua, integral e independiente, con carácter preventivo, es la mejor opción que tienen las empresas para conocer a tiempo las irregularidades que se presentan en sus operaciones y así tomar medidas correctivas, pudiendo garantizar el éxito en sus negocios y el cumplimiento de sus principales obligaciones.
Tiene que ser una posición colaborativa. Desde 1971, cuando apareció el Código de Comercio, quedó establecido en el numeral 2 del artículo 207 que el revisor fiscal debe informar oportunamente y por escrito de las irregularidades que encuentre en las actividades de la empresa (los actos de corrupción son irregularidades). Y, en los últimos años, el artículo 7° de la Ley 1474 de 2011 lo obliga a «poner en conocimiento de la entidad disciplinaria o fiscal correspondiente los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo» y el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015 le exige informar a la UIAF sobre «operaciones catalogadas como sospechosas».
El revisor fiscal no puede alegar que las cosas sucedieron a sus espaldas y que no se dio cuenta. En el cumplimiento de sus responsabilidades profesionales, debe aplicar continuamente los procedimientos adecuados para detectar los riesgos de actividades deshonestas o los hechos irregulares y delictivos que se presentaron, e informarlos oportunamente a quien corresponda. Por omisión o por ignorancia de sus funciones no puede convertirse en cómplice de los empresarios privados y funcionarios públicos corruptos. Y los contadores públicos que se desempeñen en otros cargos deben colaborar, por convicción no por obligación, en la lucha contra la corrupción que parte de los empresarios privados y concluye con la participación activa de los funcionarios públicos deshonestos.
Debe ser una persona íntegra en todos los sentidos, eficiente en el cumplimiento de sus responsabilidades profesionales, con conciencia social y firmeza ética. No solamente un profesional que domina la técnica contable y de control, sino también alguien que participe en la vida social y política del país. Y, por supuesto, debe planear sus jornadas de trabajo de manera que le quede tiempo suficiente para mantenerse actualizado.
Creo que la mayoría no los ha entendido. Los están aplicando a medias y mecánicamente porque las normas legales se los han impuesto. Pero no han comprendido los efectos sobre la economía, principalmente en las Pymes y en las ESAL. Si los hubieran entendido, ya se habrían opuesto con firmeza a la aplicación de dichos estándares en la mayoría de Pymes y en las ESAL. Pero su pasividad no les ha permitido estudiarlos a fondo, con criterio analítico y, mucho menos, fijar posiciones claras y sólidamente fundamentadas sobre el tema.
Lo bueno: el creciente ingreso al mercado laboral de las mujeres, que son más honestas y trabajadoras que los hombres. Lo malo: la pasividad de los contadores públicos frente a la pésima remuneración y los abusos de los empresarios, y a muchas injustas y absurdas normas legales que les afectan. Lo feo: que en vez de mejorar, los contadores públicos colombianos están perdiendo reconocimiento y respeto, y no hay una agremiación verdadera que los represente y defienda. Confío en que el recién constituido Consejo Nacional de Contadores Públicos -bajo la presidencia de la colega Luz América Díaz González- se convierta en la entidad gremial que necesitan los contadores públicos honestos.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
