El crimen si paga (3) – Luis Alberto Penagos M.

Sigo con la ironía, este es mi tercer episodio con lo cual intento demostrar que los criminales de cuello  blanco se lucran cada vez más y con la mirada impávida de nuestras “ias”, la contraloría, la auditoria, la veeduría, la procuraduría, la fiscalía y súmele la oficina del “Sar Anticorrupción” y hasta la del defensor del pueblo, y todos calladitos, aquí no pasa nada y eso que tenemos tratados internacionales para luchar contra la corrupción y el crimen de cuello blanco, ahora el turno es para estos “Padres de la Patria”

El panorama inequitativo y desigual en el sistema pensional lo evidencian el Ministerio de Trabajo y de Hacienda. Actualmente, en Colombia, el séptimo país más desigual del mundo según el Banco Mundial (BM), 1.643.053 personas reciben una pensión, de los cuales 1.010.881 pertenecen al Régimen de Prima Media (RPM); más de 56.000 al Régimen de Ahorro Individual (RAI), Y 267.000 más a los regímenes especiales, como el de Ecopetrol, el del Magisterio, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

De los 1,6 millones de pensionados, 1,1 millones de colombianos, o sea, el 68,1% tienen una pensión de menos de dos salarios mínimos, mientras que tan solo 1.032 jubilados tienen pensiones por encima de 25 Smmlv. Es decir, que un 0,1% del total de pensionados recibe mensualmente más de $14.737.500, mientras que el 68,1% recibe cada mes $1.179.000.

De ese 0,1% que recibe las pensiones de más de 25 Smmlv son 600 congresistas, que representan el 58,1% de los 1.032 jubilados con las pensiones más altas. En promedio, los senadores y representantes tienen una mesada pensional de $20.029.368 lo que equivale a 35,3 Smmlv.

Cifras de la Superintendencia Financiera revelan que a noviembre de 2012, de los 1.010.881 colombianos que pertenecen al RPM, 2.496 reciben pensiones de más de 16 Smmlv, es decir, $9.432.000, y de estos, 739 personas son congresistas.

El sistema en sí es muy inequitativo. Bajo el RPM todas las pensiones reciben un subsidio; no obstante, los que tienen aportes más altos salen ganando frente a los otros. Mientras que el 20% de la población más pobre recibe solo el 0,1% de los subsidios, el 20% con más poder adquisitivo recibe el 86,3%, de acuerdo con Rafael Pardo, ministro del Trabajo. Con el Acto Legislativo 01 de 2005 se pretendió corregir las inequidades del sistema, al establecer topes de hasta 25 Smmlv y eliminar regímenes especiales; no obstante, en los últimos años se han vuelto a conceder pensiones a funcionarios del Estado de más de $20 millones, a través de acciones de tutelas, y además los regímenes de transición otorgan beneficios generosos.

De acuerdo con estudios del Ministerio de Hacienda, los sobrecostos pensionales oscilan entre $11,7 billones y $20,1 billones de 2010, para los casos de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. En caso de extenderse los beneficios al resto de los servidores públicos nacionales, el impacto adicional que se estima sería de hasta $37,1 billones. Para Calderón, si la Corte Constitucional no  aprueba  la demanda  continuaría  el “desangre f iscal” por cuenta de las pensiones onerosas, la desigualdad y la inequidad. Según el abogado, el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon) ha venido liquidando pensiones de forma ilegal, ya que no se respeta el límite de los 25 Smmlv que estableció la reforma constitucional de 2005.

En opinión de Calderón, se deberían revisar las pensiones desde 1992, cuando con el artículo 17 de la Ley Cuarta se vienen asignando. La disposición establece que las pensiones de los representantes y senadores no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, perciban. A pesar de que hay voces que se oponen a la demanda, hay congresistas quienes afirman que continuar con pensiones millonarias no va a ayudar con la desigualdad social, uno de los retos del Gobierno Santos.

Más de 30 ex congresistas culpables de delitos graves reciben cerca de 18 millones de pesos al mes.

El escándalo por las pensiones de las que gozan antiguos servidores públicos no se limita a los altos costos de las mismas. También hay quienes, a pesar de estar condenados -y en algunos casos todavía en la cárcel-, reciben mesadas superiores a las de la gran mayoría de colombianos…

Más de 30 ex congresistas condenados por graves delitos, algunos relacionados con la afectación del erario, reciben pensiones mensuales que sobrepasan los 18 millones de pesos. Por ejemplo, Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años de prisión por ser el coautor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, recibe una pensión mensual de 20’920.804 pesos;  Mario Uribe Velez, hermano del Expresidente Uribe, hallado culpable de alianzas con paramilitares, tiene una pensión de 18’650.042 de pesos mensuales.

A ellos se suman nombres como Miguel Pinedo Vidal (21’198.184 mensuales), Teodolindo Avendaño (19’235.504), Ciro Ramírez Pinzón (18’791.491), Eduardo Mestre (21’330.309) y Vicente Blel (18’487.801). Este último recibió su jubilación mientras estaba tras las rejas.

Ellos y más de 20 de sus colegas surtieron todos los procedimientos y artilugios  para acceder al pago de las mesadas.

«Mientras no haya una disposición legal que establezca que quien cometa delitos de cualquier naturaleza pierde el derecho a la pensión, ellos la van a seguir recibiendo», comentó Clara Inés Vargas, exmagistrada de la Corte Constitucional.

Francisco Ramírez, director del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon), explicó que, según lo dispuesto, basta con «que se cumpla la edad y los aportes correspondientes», pues «la ley no toca el aspecto ético».

Esto contrasta con lo que señalaba la hoy desaparecida Ley 50 de 1886, según la cual solo tendrían «derecho a pensión de jubilación» los servidores que hubiesen desempeñado sus labores con «inteligencia y pureza» y pudiesen comprobar que no habían «sufrido alcance ni remoción por mal manejo».

De momento no parece haber en el Congreso ambiente para tramitar una norma que le ponga freno a esta situación. Pero ya hay voces que piden cambios. «Una persona sentenciada por parapolítica, guerrilla o narcotráfico nunca más debería recibir un peso del Estado», dijo Armando Benedetti, senador de ‘la U’.

Fernando Rueda Franco es el afortunado beneficiario  de  uno  de  los ‘palomazos’ en el Congreso más caros que hoy se pagan con la plata de todos los colombianos. Por apenas dos meses en el Senado, uno de los cuales coincidió con las vacaciones de mediados de 1994, logró una pensión con todas las gabelas que tienen los parlamentarios. Hoy recibe cada mes 19 millones 725 mil pesos

El caso de Rueda –antecedente  directo  del famoso  escándalo del ‘carrusel’ de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura–  es uno más en una larga lista de jubilaciones cuestionadas, dentro de un régimen excepcional de retiro también cuestionado por sus excesivos privilegios. Es el régimen de los congresistas, que se pensionan con mesadas que en promedio rondan los 20 millones, y que por estos días está bajo revisión de la Corte Constitucional.

A la llamada ‘bomba’ pensional: en las próximas décadas, según el Ministerio de Hacienda, el país tendrá que destinar 467,2 billones de pesos dos veces y media el presupuesto de la Nación para el 2013- para atender el pago de todas las mesadas a cargo del Estado.

Y de dónde salen estos dineros?, la respuesta es muy sencilla.. de los bolsillos de los ciudadanos como  usted y yo y como los otros 40 millones de colombianos que día a día luchamos a brazo partido para ganarnos el pan para sostener nuestras familias mientras unos pocos gozan estos beneficios y ninguno nos ponemos en pie de lucha.

*Fuente: El tiempo, la Republica, Revista Semana

Autor:

Luis Alberto Penagos M.
Consultor Internacional
Auditing Investigative Forensis
Miembro ACAMS, ALIFC

ACAMS, Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.
ALIFC, Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude y Crímenes Financieros.