Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Debilidad de las instituciones, contrabando que entra a dos manos al país y negocios que en el papel son legales, financian y dan fortaleza día a día a las economías ilegales. Es lo que ha dicho el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, en Medellín, durante el seminario sobre Economías criminales y el poder político en Eafit.
Ortega tocó como ejemplo a Blanca Jazmín Becerra, quien fue condenada a 26 años por un desfalco a la DIAN, y que declaró que en el negocio de 75.000 millones de pesos, las personas que tuvieron la última responsabilidad, las de más alto nivel, todavía no han sido tocadas por la justicia.
Para el director de la DIAN, “esa discusión se dio en el caso de David Murcia , porque el que piense que esa era la cabeza de DMG está mal. Él claramente no es el autor relevante y DMG claramente es un mecanismo de lavado de activos. Entonces, ¿quién está detrás de esas estructuras?”. Así lo publica El Colombiano.
Gustavo Duncan, docente y quien hice parte de este seminario, asegura que el crimen organizado se convierte en el principal factor de inseguridad en Colombia. «Se trata de asuntos de carácter público, pues las fuentes de financiación de estas agrupaciones y los modos en que regularizan sus ingresos hacen parte de la cotidianidad de los centros de poder económico, político y social del país, desbordan el tema del narcotráfico, cuentan con la permisividad de amplios sectores y tocan a todos los estratos sociales», asegura.
De igual manera, Duncan dice que el ciudadano de a pie lo sabe y, en muchas ocasiones, participa de ese mercado, sin embargo no conoce el funcionamiento interno del fenómeno o su magnitud y, mucho menos, se lo pregunta.
Duncan dice que cuando se cae en el lavado de dinero las mismas instituciones del Estado son utilizadas. “El capital se mueve cerca de donde está el Estado y la mercancía lejos. Pero en los lugares en los que se mueve la mercancía el capital que llega es tan grande que alcanza a influir en la conformación del régimen social. Quienes regulan el negocio ilegal extienden el control al resto de la sociedad, eso pasa en casi todas las zonas periféricas de Colombia. En las ciudades, por ejemplo, en las ollas, por ser ilegal la fuente de la economía, el Estado no puede entrar a regular. Si la Policía lo hace sería una pequeña guerra civil”.
Aparece también la alianza guerrilla y bandas criminales lo que incrementa la economía ilícita. “Es un tema largo y complejo. Las Farc siempre han comprado la coca que compran los narcos que protegen los paramilitares, eso es histórico en Colombia. Carlos Castaño al final protegía a los narcos que les compraban a las Farc y él controlaba las rutas de salida mientras las Farc controlaban los cultivos”, dice Duncan en El Colombiano.
Michel Misse, de la Universidad Federal de Río de Janeiro afirma que prácticas como el clientelismo, tráfico de influencias, acuerdo ilícito, corrupción y extorsión son transacciones que afectan más a la moral pública que a la moral privada. Y como ejemplo de lo anterior, se puede destacar el trabajo presentado por Jorge Giraldo Ramírez, decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de EAFIT, quien habló de El gobierno del oro.
El Decano presentó cifras que preocupan. Al momento de referirse al manejo del oro, dijo que en Colombia para 1974, el 75% de la explotación aurífera era ilegal y a 2010 hubo un aumento de seis puntos porcentuales. En la subregión del Bajo Cauca, en Antioquia, donde se realizó el estudio que lideró, la cifra podría aumentar al 90%.
En las carreteras nacionales se ve un abandono también. En La Guajira, dice el director de la DIAN, abren trochas a diario para mover camiones con gasolina de contrabando. “Es un negocio de unos 400 millones de dólares al año”. Y aún así no tenemos unas autoridades que los identifiquen, dice el director de la DIAN, al agregar que la situación es grave y vincula no solo a las bases de las instituciones sino también a personas con importantes cargos.
“El lavado de activos tiene grandes protagonistas en las entidades del Estado y es esa capacidad de mover los recursos líquidos de las entidades públicas lo que mantiene vivo ese delito”: Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
