Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El Paef se creó en el segundo estado de emergencia, cuando las micro, pequeñas y medianas empresas ya se habían quedado sin recursos.
Desde el punto de vista del Observatorio Fiscal de la Javeriana, el Gobierno puso en duda la honestidad de pequeños empresarios que generan empleo y cumplen la ley.
La W en su investigación Los grandes grupos económicos que recibieron ayudas durante la pandemia, deja al descubierto que empresas de los grupos Sarmiento Ángulo, Ardila Lülle, Santodomingo y Gilinski recibieron subsidios del Gobierno en la pandemia.
La W revela un listado de empresas “grandes” y “muy grandes” que recibieron recursos del Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef –, con el cual se ha subsidiado la nómina de 139.032 compañías en Colombia para mitigar la crisis provocada por el COVID-19.
Mientras que las empresas de grandes grupos económicos del país recibieron recursos del Paef, en contraste cerca del 90 % de las micro, pequeñas y medianas empresas se quedaron por fuera de estas ayudas.
Cabe recordar que el Paef irá hasta marzo de 2021. Sin embargo, de este beneficio quedaron excluidos una parte importante de los empresarios del país como, por ejemplo, las microempresas que tienen entre uno y tres empleados.
El argumento del Gobierno, como lo registra el análisis Paef: ¿comienza el país a ver las consecuencias de un programa mal diseñado?, publicado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, precisó que parte de estas empresas tienen características informales, «una consideración que podría aclararse al hacer seguimiento a la PILA, mediante la cual se liquidan y pagan los aportes al sistema de seguridad social»
De esta forma, afirma el Observatorio, el Gobierno nacional no solo dejó en el aire el empleo de miles de colombianos empleados por empresas que estaban sin ingresos, sino que puso en duda la honestidad de una inmensa mayoría de empresarios que, aunque pequeños, generan empleo y cumplen la ley.
Desde el punto de vista del análisis, uno de los elementos más arbitrarios del Paef tiene que ver con la ausencia de mecanismos diferenciados para apoyar a las empresas más afectadas.
«Para aplicar al Paef es necesario demostrar una reducción de al menos un 20 % en los ingresos de la empresa. Esto quiere decir que es tan elegible una empresa cuyo ingreso se afectó un 21 % como otra cuyas utilidades cayeron un 90 %», afirma el análisis.
Al respecto, se establece un ejemplo. Un restaurante cuyos ingresos cayeron casi en un 100 %, aunque reciba $351.000 por empleado, aparte de quebrarse, debió despedir a sus empleados porque no le alcanzó ni para cubrir el salario mínimo.
El escenario es distinto para empresas que, aunque con disminuciones de utilidad superiores al 20 %, no iban a cerrar dada su solidez financiera. En ese caso, lo que hizo el Paef fue subsidiar a personas que de todas formas no iban a perder su empleo.
A lo anterior se le suma que «una transferencia de $351.000 por empleado es una cifra baja que no alcanza para sostener un salario formal».
La conclusión de fondo, sumada a la grave evidencia de que parte de las ayudas se quedaron en empresas que no se iban a quebrar, es que el Paef puso subsidios donde no se necesitaba, dejando desprotegido a un sector amplio de empleados y trabajadores.
Dos elementos soportan esa consideración. En primer lugar, el Paef se creó durante el segundo Estado de Emergencia, cuando en especial las empresas micro, pequeñas y medianas ya se habían quedado sin ingresos.
Segundo, los beneficiarios del programa no se identificaron desde un comienzo —prueba de ello es que los perfiles y requisitos se fueron cambiando según se expedían los decretos, hasta llegar a la ley que extendió el programa.
El Gobierno, por su parte, insiste en que el programa benefició en su mayoría a empresas que no entran en la categoría de “grandes” o “muy grandes”. «Sin embargo, determinar la relación causa-efecto entre el otorgamiento de este tipo de subsidios y la preservación del empleo requiere de un estudio econométrico; información que el Gobierno no ha puesto a disposición de los investigadores de forma completa», sugiere el Observatorio.
Sobre este tema, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, el gremio que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, ha dicho que las ayudas del Gobierno, según la UGPP, desde mayo de 2020 hasta enero de 2021 han beneficiado más de 250 mil empresas.
«Aunque se trata de una cifra considerable, conviene observarla respecto al registro mercantil, en el cual contabilizamos 1 millón 600 mil empresas. Según nuestras estimaciones, cerca de 600 mil empleos quedaron en el aire por cuenta de las condiciones establecidas para acceder a las ayudas para el empleo formal», explica en ¿Cómo van las micro, pequeñas y medianas empresas del país en medio de la pandemia?
Quintero deja en el aire una pregunta que involucra a las microempresas que generan entre uno y dos empleos, así como personas naturales: ¿Por qué estas empresas, que son formales, están ajustadas a la ley y tienen sus pagos en regla, fueron excluidas?
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