En el periódico La Jornada de México leímos: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo directo en revisión interpuesto por Jorge Yáñez Polo, señalado como colaborador en el esquema de lavado de dinero instrumentado por el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien impugnaba la suspensión de su registro como contador público. ꟷPor unanimidad y sin discusión alguna, los ministros de la Segunda Sala desecharon el recurso, dejando firme la sentencia emitida el 19 de junio de 2018, por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien solo había amparado al quejoso para efectos. ꟷLa relación de Yáñez Polo con Lozoya Austin quedó al descubierto el año pasado, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló sus cuentas bancarias, junto con las de otros colaboradores y familiares del exfuncionario, entre ellos María del Carmen Ampudia, Alonso Ancira, Gilda Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes, Francisco Javier Serafín y Rodrigo Arteaga, para investigar la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ꟷYáñez Polo actuó como representante legal de Yacani, una empresa en la cual figura como accionista la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes, y que fue utilizada para lavar el dinero de los sobornos que habría recibido por parte de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.”
Seguimos pensando que la forma de engañar es construir fachadas documentales. Las autoridades, siempre insuficientes e ineficientes, descubren a unos u otros, cuando se les escapa algún dato que permite llegar a otros.
Aprovechando que el papel aguanta todo, nos cruzamos facturas, que son contabilizadas y originan desembolsos, sobre transacciones nunca realizadas. Es el reino de la apariencia, construido por conocedores de las reglas formales.
El Estado posee una inmensa información sobre los ciudadanos, pero no sabe utilizarla, pues permite que cada una de sus entidades actúe separadamente de las demás. Si tuviera una base única de información, se daría cuenta de muchas cosas que hoy no ve, aunque le pasen por sus narices.
Los delincuentes conocen el funcionamiento de la administración pública y aprovechan sus deficiencias, a veces sin contárselo a nadie, a veces sobornando funcionarios para asegurar ciertos comportamientos.
Realmente hay que repensar el control interno de las entidades del Estado y sus organismos de control, es decir, la Contraloría y la Procuraduría. Por muy intencionados que sean sus directores, estas inmensas entidades nos parecen ingobernables, especialmente por la falta de formación en investigación judicial, en la que todos deberían estar certificados.
Los contadores podrían aportar sus conocimientos y sus servicios en contabilidad y auditoría forense, eso sí, luego de haber estudiado las pruebas, como están reguladas en los distintos códigos de procedimiento. Hasta la contabilidad mal llevada sirve para deducir ciertos hechos.
Hernando Bermúdez Gómez
Editor de Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 5350, octubre 5 de 2020