Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Ya es un hecho. Las comisiones económicas del Congreso aprobaron la semana pasada la ampliación y las nuevas tarifas del Impuesto al Patrimonio, mejor conocido de Seguridad Democrática.
La iniciativa busca gravar con un impuesto de 0,6% a los capitales entre $3.000 millones y $5.000 millones, y con un gravamen de 1,2% a los capitales superiores a $5.000 millones. El Gobierno proyecta recaudar $3,3 billones anuales entre unas 9.300 personas naturales y jurídicas que deberán pagar obligatoriamente el impuesto.
De igual manera, fueron votados los artículos 8, 9, 10 y 11, que no tenían proposiciones modificatorias. Luego se aprobaron los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 12, y se dejó de último el artículo 7, el de los contratos de estabilidad jurídica, como se publicó en el comunicado del Ministerio de Hacienda.
El Contador Público y Especialista en Gestión Tributaria Jorge Fernando Corredor Alejo opina sobre lo anterior que:
«Esto no es nada nuevo ya que por medio de la Ley 863 de 2002 se creó el Impuesto para los años 2002 al 2006 y luego se amplió. El cobro de este impuesto al ser un buen mecanismo de recaudo para el fisco nacional, motivó al Gobierno promover la iniciativa nuevamente. Hay que tener en cuenta que durante los próximos cuatro años, el proyecto mantiene las mismas condiciones establecidad desde el año gravable 2002».
De acuerdo con el texto aprobado en primer debate, la tarifa del Impuesto al Patrimonio quedó en el 0,6% para capitales entre $3 mil y $5 mil millones de pesos, y una tarifa del 1,2% para patrimonios líquidos superiores a $5 mil millones de pesos.
Por este Impuesto al Patrimonio se espera recaudar $2,3 billones de pesos. Se pagará a partir del 1° de enero del año 2011 hasta el 31 de diciembre del año 2014. Asimismo fue aprobada la reducción del 40% al 30% de la deducción en el impuesto de renta por la compra de activos fijos reales productivos.
Lo que sí se prohibió, fue en el caso de las zonas francas la concurrencia de los dos beneficios tributarios, la deducción por la compra de activos fijos y la tarifa de rentad el 15%.
Al proyecto que cursa en el Congreso se le han acumulado los proyectos 123, 161 y 073 de 2009, por medio de los cuales se pretende introducir beneficios en:
El senador Gabriel Zapata, uno de los ponentes de la iniciativa, planteó la posibilidad de que un porcentaje de los $3,3 billones que se piensan recaudar, se destine a los sectores agropecuario y de salud. En su concepto, tales dineros son necesarios para ayudar a la recuperación de tales sectores. Así lo publica El Pais.
El representante Simón Gaviria se mostró en desacuerdo con el hecho de que 40 grandes empresas que firmaron pactos de estabilidad jurídica con el Gobierno no vayan a pagar el impuesto.
El Contador Público Hernán Rodríguez piensa que «falta sinceridad para decir que tendremos siempre un Impuesto al Patrimonio. En Estados Unidos el mismo debate se está haciendo con el IVA y la conclusión es que una vez que entras, nunca sales. Además todo esto se hac epensando en quienes tienen congresistas y capacidad de cabildeo, y sabemos que el pueblo no tiene congresistas».
Por su parte el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga afirmó que «el Gobierno no está favoreciendo a las grandes empresas. El listado lo dice todo. Lo que buscamos es que se respeten esos acuerdos para fomentar la confianza inversionista”.
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