Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Las obras con recursos públicos sin construir, abandonadas o con millonarios sobrecostos, se niegan a desaparecer en diferentes departamentos del territorio nacional.
En el año 2012 comenzó a regir el nuevo Sistema General de Regalías para distribuir mejor los millonarios ingresos por la explotación minera y petrolera. Luego de un poco más de cuatro años, los elefantes blancos y la corrupción siguen apareciendo en el escenario nacional.
Lo anterior lo confirma un informe de la Contraloría General de la República, que analizó los resultados del nuevo esquema teniendo en cuenta los recursos entregados y el uso que se hizo de ellos. Entre 2012 y 2015 se distribuyeron 35,4 billones de pesos para inversión, ahorro y funcionamiento del sistema, gracias a la bonanza de los precios del petróleo que llegaron a estar por encima de 100 dólares el barril.
En estos años, se han aprobado alrededor de 10.000 proyectos por 20,7 billones de pesos, cifra que sorprende ya que uno de los objetivos del nuevo sistema de regalías era autorizar grandes proyectos con impacto regional y no miles de pequeñas obras regadas por todas partes.
El real problema es que no todos los recursos se están manejando de una manera adecuada y que los elefantes blancos, es decir, obras con recursos públicos sin construir, abandonadas o con millonarios sobrecostos, se niegan a desaparecer. La situación se presenta a pesar del seguimiento del Departamento Nacional de Planeación.
El contralor Edgardo Maya denunció hallazgos fiscales por 242.000 millones de pesos en 2016, en una muestra de 17 departamentos y más de 30 municipios que corresponden a cientos de obras que no prestan servicio a la comunidad.
Los departamentos con los mayores hallazgos son los que reciben más regalías como Meta, que ha presentado irregularidades por más de 110.000 millones de pesos. En el segundo puesto Casanare con más de 40.000 millones y algunos de la costa Atlántica como Córdoba, con más de 30.000 millones de pesos.
Las mayores irregularidades se presentan en proyectos de acueducto y alcantarillado, colegios, hospitales y viviendas, que son necesidades prioritarias para la población más pobre. Los dineros se esfuman y las obras no se terminan.
En La Guajira, un departamento tan golpeado por la sed, se inauguró el acueducto del corregimiento de Camarones con una inversión por más de 10.000 millones de pesos. Pero luego se comprobó que el agua no es apta para consumo humano y el proyecto no tiene permisos ambientales.
Uno de los problemas que presenta la corrupción es la forma de contratación, la cual se hace por concurso, donde en el 72% de los casos se presenta un solo oferente; los contratos terminan direccionados hacia un determinado personaje o firma.
A la anterior situación se le suma que se aprueban un gran número de proyectos de bajo valor, sin mayor impacto para las regiones a los que no se les hace un adecuado seguimiento o interventoría.
Lo anterior indica que aunque el cambio en el sistema de regalías fue bien intencionado es necesario hacerle ajustes para que estos millonarios recursos no terminen en los bolsillos equivocados. Una modificación a este régimen, aprobada en 2011, buscaba que las regalías se repartieran en más de 1.000 municipios y en todos los departamentos en el país y no se quedaran solo en los productores de petróleo y minerales.
Está claro entonces que se debe replantear la manera como se aprueban los proyectos. Los más de 1.000 Órganos Colegiados de Administración y Decisión no cumplen las funciones para las que fueron creados ya que no aprueban obras estratégicas. Además, se suma la lentitud en la ejecución de los recursos y el bajo porcentaje del valor de los proyectos aprobados, que a junio del año pasado era de tan solo el 33%.
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