Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Al examinar el texto del tercer borrador que el Gobierno dio a conocer a la opinión publica en noviembre 14 de 2012 sobre su proyecto de Reforma tributaria, se puede ver que el Gobierno ha decidido por tercera vez modificar la propuesta en torno a quiénes serían los responsables del nuevo impuesto para la equidad y cómo se cobraría.
En este nuevo borrador el Gobierno ha propuesto lo siguiente:
a. En el Art. 20 del proyecto se establece que los sujetos pasivos del impuesto serían solo las “sociedades y personas jurídicas contribuyentes declarantes de renta”. Pero mediante un parágrafo se establece que las empresas instaladas en Zonas Francas hasta diciembre 31 de 2012 quedarían por fuera de la obligación y solo se les aplicaría a las nuevas empresas instaladas en Zonas Francas después de esa fecha. Además, en el Art. 25 del proyecto se menciona que las entidades sin ánimo lucro (muchas de las cuales por estar en el régimen especial también son declarantes de renta) también quedan exoneradas del nuevo impuesto.
b. El Art. 81 del tercer borrador vuelve a proponer lo que se había propuesto en el primero y por tanto se modificaría el Art. 240 del E.T. para que a las sociedades por fuera de Zonas Francas, su tarifa del impuesto de renta se les reduzca del 33% al 25%. Pero no se propone modificar el Art. 240-1 del E.T y por eso las empresas en zonas francas sí seguirán tributando al 15%. Lo anterior significa que a partir de julio 1 de 2013 las empresas por fuera de zona franca dejarían de pagar el 13,5% de aportes al SENA, ICBF y Salud, pero quedarían con la fórmula de 25% en impuesto de renta más el 8% de impuesto para la equidad. A su turno, las empresas instaladas en Zonas Francas hasta dic. 31 de 2012 sí seguirán pagando todos los aportes de nómina y solo tributarán con la tarifa de 15% por impuesto de renta. En cambio, las nuevas empresas que se instalen en zonas francas después del 2012 serían las que se ahorrarán el 13,5% de aportes sobre nómina pero al mismo tiempo quedarían con la fórmula de 15% en renta más 8% por impuesto para la equidad. Esa sería una propuesta más equilibrada con la que no se afectan los planes tributarios de las empresas ya instaladas en Zonas Francas y al mismo tiempo le pone la advertencia a los interesados en instalarse en dichas zonas después del 2012 de que su tributación será más alta de lo planeado.
c. Los Art. 25, 27 y 32 del tercer borrador siguen proponiendo lo que se ha propuesto con los anteriores, es decir, que el nuevo impuesto para la equidad se presentaría en una declaración independiente y que se presentaría con pago total, pero todavía no aclaran con qué periodicidad (si anual, o semestral, etc.). Además, se menciona que también existirá la “retención a título del impuesto para la equidad” para que el impuesto se vaya recaudando más efectivamente a lo largo del año y así hacerle llegar más efectivamente los recursos al SENA, ICBF y EPS. Pero el gobierno sería el que tendría hasta junio 30 de 2013 para definir quiénes serían los agentes de retención, con qué tarifas practicarían la retención y sobre cuáles bases.
El viernes 16 de noviembre en la tarde se publicó en los medios la noticia por una polémica que se desató a raíz de una conversación que los estudiantes del SENA le grabaron al director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, y en la que el funcionario les confesaba que “no se han hecho estudios” sobre el impacto que traería el desmonte de los aportes sobre la nómina y su reemplazo con el impuesto para la equidad que se propone en la reforma tributaria.
Sin embargo, es posible creer que el funcionario se esté equivocando en sus afirmaciones pues el propio portal del Ministerio de Hacienda siempre ha mantenido publicadas las láminas con las que ha sustentado su propuesta ante los congresistas, donde en una de estas (la número 36) se demuestra que si el impuesto para la equidad (equivalente a un 8% sobre las utilidades fiscales de las empresas) se hubiera venido cobrando en los últimos 10 años anteriores, ese recaudo sí hubiera sido igual e incluso mayor al que se ha obtenido con los aportes que en esos mismos 10 años han venido haciendo las empresas al ICBF y el SENA sobre los salarios inferiores a 10 salarios mínimos. Para hacer esas laminas es obvio creer que sí se han hecho los estudios.
Además, la propuesta de crear el impuesto para la equidad sí haría que le empiecen a llegar nuevos recursos al SENA, ICBF y EPS de parte de empresas con grandes utilidades anuales pero con poca mano de obra (caso de las empresas mineras y los bancos). O incluso, le haría llegar dineros de parte de empresas que nunca han querido tener contratadas a las personas mediante contratos de trabajo (pues acuden a figuras de contratarlas por CTA, o por prestación de servicios), pero son empresas que sí tienen utilidades.
Entonces, es fácil suponer que la propuesta no traería problemas financieros para esas entidades públicas.
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