Luis Alberto Penagos, profesional experto en temas de auditoría y revisoría fiscal, asegura que está comprobado que los funcionarios públicos, junto con los políticos convirtieron en un fortín político toda actividad que dependa de un sueldo y contratos con el Estado o de subvenciones del Gobierno.
Luis Alberto Penagos, Consultor Internacional, Auditing Investigative Forensis y Miembro ACAMS, ALIFC, se muestra tajante al afirmar que en los países latinoamericanos el flagelo del fraude está en los genes de la sociedad y que debe existir la cárcel y la pena de muerte política para quienes se apoderan del dinero del erario.
Colombia no tiene auditores financieros; recalco esto por una muy sencilla razón, ni siquiera la Superfinanciera ha podido determinar el cuantioso fraude de la inversionista Interbolsa. Lo que tiene la Superfinanciera es una auditoría que evalúa procedimientos, que hace controles, pero no los mejora en el día a día. No hace la debida diligencia para hacerle seguimiento a las operaciones sospechosas o inusuales.
El fraude se presenta por tres situaciones específicas, dadas en el famoso triángulo del fraude de Pascal: por necesidad, por oportunidad y por motivación, y también hay que agregarle, de mi propia cosecha, que en los países latinos ese flagelo lo trae la sociedad en sus genes, desde pequeños somos condicionados al hurto, al fraude, desde que nos llevan a los supermercados los niños nos ven cómo consumimos alimentos que después no pagamos, y cuando uno de niño lo hace, los padres tratan de reprenderlo, pero de dónde viene el ejemplo.
En mi concepto las Reformas Tributarias lo que producen son un efecto adverso. Observe lo que pasa con los beneficios tributarios; lo que hacen es castigar al que es honesto y está pagando puntualmente, y se premia al deshonesto, al que siempre está esperando una gabela, como las de esta ley, donde les condonan intereses y sanciones y lo que es peor, todos aquí sabemos que nuestra cultura de los países latinos no brilla precisamente por ser buenos pagadores de impuestos, y cuando nos anuncian que estos se aumentarán, la respuesta es al unísono con preguntas como: ¿Y cómo trabajan mis impuestos? ¿Quién se los roba y ningún organismo de control presenta informes serios? ¿Cuántos funcionarios están pagando condenas y han devuelto el dinero que le robaron al Estado? Casos como los del Grupo Nule – Interbolsa, El Guabio, Hospital San Juan de Dios, etc.
Aquí está comprobado que los funcionarios públicos, junto con los políticos convirtieron en un fortín político toda actividad que dependa de un sueldo del Estado, de contratos con el Estado o de subvenciones del Gobierno, donde haya un ‘contratico’ o un ‘puestico’ que medio huela a política, allí aparecen los corruptos. Casi que se ha conformado un cartel de la corrupción generalizada; basta con darle una mirada a mi artículo sobre el porqué Colombia en los últimos 10 años no ha subido de un 3,7 de calificación en el índice de corrupción de Transparency International. Por eso es complicado que el Gobierno anuncie medidas contra ese flagelo; hay que empezar por reformar la Constitución en su artículo 247, para que no se siga haciendo esa figura, por demás, siniestra de la auditoría posterior y selectiva.
A quién le importa hacer auditoría después que ya fenecieron los contratos y se entregaron nuestros recursos, y como segunda medida modificar el Código Penal castigando con pena de cárcel, sin beneficios de ninguna clase, a todo aquel que se apodere de un solo peso de los dineros del erario y aplicarles la pena de muerte política.
Todos sabemos que en el sector privado se tienen fuertes medidas de control interno y por consiguiente los CEO están más seguros; pero en este mundo de tantas turbulencias económicas mi mejor consejo es que se blinden contra todos los riesgos a través del estudio y análisis, mismo, de los riesgos que se asumen cuando se ejerce cualquier actividad y máxime cuando se ejercen cargos de tanta responsabilidad.