Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Juan Torres se pregunta si los beneficios tributarios merecen ser mantenidos cuando no se traducen en ganancia social económica.
Ve la normalización tributaria como un mecanismo que le permite al Gobierno un recaudo importante, de cara a un futuro reforzamiento de medidas punitivas.
Juan Torres, Senior Manager de Impuestos de EY Colombia, afirma que pronto se discutirá una nueva reforma tributaria porque el sistema tributario, por los constantes cambios, no todos orientados hacia el mismo fin, se ha hecho ininteligible, complejo y alejado de los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad.
Esta no fue una reforma que tuviera mucho que ver con la clase media, al menos no se contemplaron beneficios de manera directa. Así, no consideró aumentos en la tarifa de personas naturales, por un lado, pero por el otro la clase media tampoco tiene acceso a los beneficios considerados con causa de los recientes eventos (tales como pandemia y paros).
En una futura reforma, ojalá sí estructural, posiblemente se requiera un mayor sacrificio de la clase media (como se pensó en la fallida reforma que ni siquiera fue discutida en el primer semestre) y no tantos beneficios cuando a su turno los indicadores macroeconómicos (como el desempleo y la inflación) les den un respiro.
Son dos asuntos de un mismo tema, pero diferentes entre sí. Históricamente, los beneficios se han dado esperando que el sector privado lleve a cabo determinados comportamientos o inversiones requeridos por el Gobierno (externalidades positivas) y esto dependerá siempre del tipo de Estado que se quiera tener (más o menos intervencionista). No se debería entonces satanizar por satanizar los beneficios tributarios.
La pregunta debería ser más bien, después de revisar las razones por las cuales fueron creados, ¿queremos seguir dando esos beneficios? ¿la existencia de los beneficios generó las externalidades positivas que el Gobierno estaba buscando? Si los beneficios no se traducen en la ganancia social/económica buscada, ¿merecen ser mantenidos? Preguntas como estas son las que deben fundamentar los cambios y las reformas.
No es una decisión fácil, pues implicaría un cambio en las reglas de juego para ciertos sectores que históricamente han sido apoyados por este tipo de políticas fiscales. Además, posiblemente tendrían que respetarse las situaciones consolidadas, no pudiendo ser desmontados los beneficios a contribuyentes que ya han cumplido con los requisitos para acceder a ellos.
De la mano con el análisis requerido, según la respuesta anterior, esto es beneficio por beneficio y, de la mano también de las recomendaciones de la Comisión de Expertos, la limitación de beneficios debe darse en el marco de la llamada reforma estructural y estar concertada con los diferentes actores económicos. Ya vimos que no conviene que las reformas no sean discutidas con el sector real.
Depende de cómo se vea. Prefiero pensar en la normalización como mecanismo que le permite al Gobierno un recaudo importante de cara a un futuro reforzamiento de medidas punitivas contra este tipo de conductas (ocultamiento de bienes en el exterior). Primero la zanahoria, después el garrote.
Es una necesidad desde varios aspectos; no solamente desde la perspectiva del recaudo para el cumplimiento de los mínimos requeridos para la inversión social que requiere el escenario postpandemia.
Otro elemento es que quizás el sistema tributario, por los constantes cambios, no todos orientados hacia el mismo fin, se ha hecho ininteligible, complejo y alejado de los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad.
El solo hecho de que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo hace clara la necesidad de repensar los tributos como una herramienta efectiva para lograr más equidad.
Se necesita, primero que todo, voluntad y capital político. Por eso es por lo que han pasado los años sin que se asome algo que pueda llamarse estructural, muy a pesar de las diferentes recomendaciones que han dado expertos de aquí y allá.
La reforma estructural debería repensar la normativa tributaria en función de lo que queremos ser como país y a qué le queremos apostar.
El proyecto anterior, si bien desde la óptica técnica tenía propuestas interesantes que quizás debieron haber tenido una mejor aceptación, por la situación en la que se presentó, en mitad del peor evento del último siglo en materia económico, social y de salud, no permitió sino discutir y aprobar una coyuntural.
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