Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
No vale de nada un esquema tributario progresivo y con reglas perfectas si no hay incentivos al cumplimiento y castigos por su incumplimiento.
Para la OCDE, los sistemas tributarios no se deben reinventar, sino ajustarse a los nuevos desafíos y situaciones que han surgido en medio de la pandemia.
Rosa González, Ph. D., profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, y Julián López, profesor cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, afirman en diálogo con Actualícese que, con un promedio de una reforma tributaria cada dos años, el actual Estatuto Tributario es una colcha de retazos que dista mucho de un esquema sistemático fácilmente entendible y aplicable.
La pandemia ha afectado profundamente a todos los sectores del país y puede ser una buena excusa para adelantar un proceso de análisis del esquema tributario.
«Con un promedio de una reforma tributaria cada dos años, el actual Estatuto Tributario es una colcha de retazos que dista mucho de un esquema sistemático que sea fácilmente entendible y aplicable», afirman.
Para González y López, por la forma en que se desarrollan los procesos de reforma no es claro en qué medida las actuales reglas tributarias cumplen con los principios básicos del sistema tributario: la equidad, la eficiencia y la progresividad.
«Estas características llevarían a tener un esquema tributario que a partir de la equidad y la progresividad permita la redistribución del ingreso», recalcan.
Por otro lado, es fundamental pensar en mecanismos efectivos del control a la evasión fiscal y la informalidad.
«En últimas, no vale de nada un esquema tributario progresivo y con reglas perfectas si no hay incentivos al cumplimiento y castigos por su incumplimiento», advierten.
Los dos catedráticos de la Universidad de los Andes afirman que la vulnerabilidad de las personas y las empresas pone de manifiesto la importancia de un esquema tributario que ayude a construir la salida a la difícil situación económica.
«Lo único que esperamos es que todos estemos a la altura del reto: el Gobierno, las empresas, los académicos y los ciudadanos en general», puntualizan.
Por su parte, Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, indica en entrevista con Actualícese que la entidad no hace un llamado para que los sistemas tributarios se reinventen, sino que estos deberían ajustarse a los nuevos desafíos y situaciones que han surgido en medio de la pandemia.
«La crisis crea una oportunidad para que los países mejoren el diseño de su sistema tributario y lo alineen con las mejores prácticas internacionales. Esto implica que cualquier medida tomada deberá estar alineada con una buena política fiscal; las medidas que van en contra de los principios estándar de la política fiscal deben evitarse tanto como sea posible», dice Saint-Amans.
El 27 de mayo de 2020, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia– presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra el Decreto 624 del 30 de marzo de 1989, Estatuto Tributario, donde se solicita declararlo inexequible por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política.
En nuestro artículo ¿Cuáles son los argumentos para considerar el Estatuto Tributario como inconstitucional? exponemos de forma amplia las razones que tiene Dejusticia para entablar la demanda.
Como lo publica el centro de estudios, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la región y del mundo, y pese a que la brecha se ha disminuido en los últimos 20 años, los niveles de desigualdad presentes son inaceptables en cualquier sociedad democrática.
No basta con que un impuesto en particular no cumpla con estos principios para que sea inconstitucional, sino que debe ser todo el conjunto de impuestos que rompan estos principios para que pueda ser declarado inexequible.
Luego de analizar las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales y jurídicas en Colombia, y de investigaciones sobre la tributación de las personas con mayores ingresos del país, la entidad mostró a la Corte Constitucional que:
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
