Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, entrega su punto de vista sobre diversos temas en los que debe trabajar el próximo presidente de los colombianos, cuando de corrupción se trata. Recuperar la confianza y legitimidad en las altas cortes, es uno de ellos.
Frente a la pregunta por la financiación que tienen las campañas de los candidatos a la presidencia de Colombia Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, señaló que “en Colombia se requieren controles más efectivos a aportes privados, como los préstamos y donaciones de familiares de candidatos y de empresas cercanas a ellos”.
Para él, la alta dependencia que han tenido por años las campañas políticas de las fuentes privadas hace pensar que eliminarlas para adoptar un sistema de financiamiento totalmente público podría ser contraproducente y llevar a que se incentive una mayor opacidad en el apoyo que las campañas reciben de particulares, e incluso de fuentes ilegales.
«Además, resulta necesario resolver los problemas que ya existen hoy con el financiamiento público de campañas, como la demora en la entrega a los partidos políticos de los anticipos estatales, el ajuste de los topes de ingresos y gastos de campañas, y una mayor efectividad en la imposición de sanciones administrativas y penales ya existentes en la ley», dice Hernández.
Para Hernández, los cupos otorgados a los congresistas se han convertido en una dinámica que promueve una relación oscura entre el Ejecutivo y el Legislativo, y por lo tanto aumenta los riesgos de corrupción.
“Resulta positivo que todos los candidatos a la presidencia se hayan comprometido a adoptar acciones para quebrar esta situación, como las contenidas en el Pacto de Ética y Transparencia. Sin embargo, es necesario evitar que algunas de las medidas de los programas de gobierno terminen concentrando aún más las decisiones en el nivel central de gobierno”, indica.
Según el Índice de Transparencia de Entidades Públicas 2015-2016 la contratación directa representa el 74 % en el nivel nacional, 59 % para el departamental y 41 % para el municipal. Por su parte, a nivel territorial más del 50 % de las licitaciones contaban con un solo proponente.
“Resulta prioritario atacar el abuso de la contratación directa y de las excepciones a la ley de contratación pública. En paralelo, en Colombia se requiere un fortalecimiento del empleo público para evitar que sea objeto de intereses clientelista y por lo tanto de captura del Estado”, señala Hernández.
Para Transparencia por Colombia es importante recuperar la confianza y legitimidad en las altas cortes, así como avanzar en procesos ágiles y transparentes de investigación y sanción de hechos de corrupción por parte del sistema judicial y los órganos de control, especialmente en los territorios donde la ausencia del Estado ha sido notoria.
“Particularmente nos llama la atención el riesgo que generaría la concentración de poderes derivada de la propuesta de unificar las actuales altas cortes en una sola. Esto podría afectar gravemente el sistema de pesos y contrapesos que tanto trabajo ha costado mantener en el país, y por lo tanto la lucha contra la corrupción dentro y fuera del sistema judicial”, dice Hernández.
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