Es un gran absurdo que una entidad tenga dos cabezas – Hernando Bermúdez Gómez


4 agosto, 2017
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

El acta número 2021, correspondiente a la reunión del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores realizada el 1° de junio de 2017, hace evidente la controversia existente entre dicho tribunal y el director general de la unidad que se extiende ya por algo más de tres años. No se entiende cómo en tanto tiempo el asunto no ha tenido solución.

Los directores se apoyan en conceptos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que según el acta se basan en acuerdos derogados. En el pasado ha habido pronunciamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, pero este organismo no parece haber sido propositivo, es decir, como que no ha planteado soluciones, sino objeciones.

Mientras esta situación lamentable e inadmisible se mantiene, en la reunión del tribunal del 4 de mayo de 2017, acta 2017, se lee:

“(…) El Director manifiesta que en este momento no se cuenta con el personal suficiente para adelantar todas las investigaciones denominadas como alto impacto, frente a esto los Dignatarios expresan que esto son temas netamente administrativos y no son del resorte de este Tribunal.

No nos explicamos cómo es que no hay personal suficiente para las investigaciones de alto impacto y si hay personal para practicar diligencias de inspección o visitas.

Es un gran absurdo que una entidad tenga dos cabezas. Como desde un principio se dispuso, y como debe ser ahora, la autoridad máxima de la unidad debe ser el tribunal.

La escisión que se ha sostenido entre facultades disciplinarias, entendidas como solamente las investigaciones, y facultades administrativas, que vendrían a ser las demás, es incorrecta a la luz de las explicaciones del derecho de las profesiones, que en su momento divulgó el Maestro Gabino Pinzón. El registro, la vigilancia y las investigaciones, conforman el conjunto de acciones mediante las cuales se desarrolla la actividad disciplinaria, atribuida al cuerpo colegiado desde su origen (artículo 36 del Decreto 2373 de 1956).

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Está bien demorado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en salir a hacer claridad en esta materia, tomando las decisiones necesarias para garantizar que la función administrativa esté al servicio de los intereses generales y se desarrolle con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, como lo ordena el artículo 209 de nuestra Constitución Política.

Ya es hora que se adopte una planeación estratégica de la que pueda derivarse una planta de personal adecuada. Esto nos parece más urgente que la compra de un edificio, pues no es posible que se sigan caducando acciones y que la solución sea la denuncia de los denominados operadores, cuando es evidente que el modelo de contratación directa, en este año por 9 meses, es inadecuado para atender debidamente las obligaciones de la unidad. Hay procesos que han pasado por las manos de más de 4 funcionarios.

Hernando Bermúdez Gómez
Editor Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 2940, julio 24 de 2016

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Última actualización:
  • 4 agosto, 2017
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