Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Alejandro Vera, vicepresidente de Anif, afirma en entrevista con Actualícese que la reducción del impuesto de renta para las empresas, por los desafíos fiscales que enfrenta Colombia, debería ser solo del 35 % hasta el 2019. La entidad no recomienda expandir el universo del IVA en la canasta básica.
Andrés Alejandro Vera Sandoval, vicepresidente de Anif, dice que aunque la Ley 1819 de 2016 tuvo la intención de acabar con muchos beneficios tributarios para las empresas, el ejecutivo actuó tímidamente, dejando verdaderas “troneras tributarias” para los próximos años.
La reforma tributaria de 2016 aprobó elementos importantes de carácter estructural (incluyendo algunas de las recomendaciones de la OCDE), entre los que se destacan precisamente la reducción de la tasa del impuesto de renta empresarial al 33 % (en el horizonte 2017 – 2019), lo cual va en la dirección de generar mejores condiciones de competitividad.
Efectivamente. Una de las preguntas más relevantes de cara a las necesidades de mayor recaudo durante el período 2019 – 2022 es: ¿cuánto espacio adicional realmente existe para entrar a gravar más las rentas de los hogares colombianos, una vez se tiene en cuenta lo hecho en la Ley 1819 de 2016 y, sobre todo, los compromisos ya existentes en materia de aportes a la seguridad social?
En realidad dicho espacio luce estrecho, especialmente en las clases media y alta. Por esa razón, la propuesta de Anif en este frente solo contempla un elevamiento “semiparalelo” de la actual curva de gravámenes de los hogares en cerca de un 3 % en la parte media-media de ingresos y un 2 % en la parte media-alta. Lo anterior implicaría que el total de la carga tributaria más el pago de seguridad social dejarían a los empleados más ricos con cargas efectivas del 30 % y, en el caso de los trabajadores independientes, con cargas efectivas totales (impuesto de renta + seguridad social) del 34 %. Esto podría estar allegando nuevos recaudos por el 0,4 % del PIB en 2019 – 2022.
Anif no recomienda intentar expandir el universo del IVA dentro de la canasta básica, pues no solo se podría percibir como una medida regresiva, sino que los esquemas alternativos de compensación directa a los consumidores de bajos estratos resultarían proclives a la corrupción. Aunque esto conceptual y técnicamente resulta ser correcto, su aprobación adolece de serios problemas de economía política.
Lo que se debería hacer es llevar a la tasa general del IVA del 19 % aquellos bienes y servicios que están al 0 % o al 5 %, siendo la única excepción aquellos productos que forman parte de la canasta básica. Una reforma de ajuste en la estructura del IVA como la aquí propuesta estaría allegando tributación adicional por cerca del 0,4% del PIB durante 2019 – 2022, cifra cercana a la mitad del recaudo adicional logrado con el incremento de la tarifa del IVA del 16 % al 19 %.La reforma tributaria que viene proponiendo Anif precisamente incluye el marchitamiento de los contratos de estabilidad jurídica y limitar los tratamientos preferenciales de las zonas francas a entidades netamente exportadoras. Si bien la Ley 1819 de 2016 tuvo la intención de acabar con muchos de esos privilegios, realmente el ejecutivo actuó de forma muy tímida, dejando verdaderas “troneras tributarias” para los próximos años.
Estos correctivos focalizados en el impuesto de renta corporativa podrían aportar un recaudo adicional por cerca del 1 % del PIB durante el período 2019 – 2022 ( 0,9 % del PIB por marchitamiento de los contratos de estabilidad jurídica y 0.1 % del PIB por limitar los beneficios tributarios de las zonas francas).
Es evidente la necesidad que tiene Colombia de modernizar la Dian y mejorar su capital humano, en línea con las recomendaciones de la OCDE. Sin embargo, aunque ello podría mejorar la gestión de la entidad, las ganancias en términos de mayor recaudo a duras penas llegarían al 0,5 % del PIB (en horizontes de mediano plazo). Esto se explica en gran medida por la elevada informalidad de la economía colombiana, con una economía subterránea que llega al 35 % del PIB.
El ingreso de Colombia a la OCDE permitiría profundizar en los acuerdos de intercambio sistemático de información, facilitando tener esquemas de fiscalización más eficaces, ganando mayor terreno en la lucha contra la evasión y la elusión.
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