Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El Proyecto de Ley 002 del 2015, presentado el pasado 21 de julio, es una iniciativa que propende por la protección del derecho al trabajo de las personas que se encuentran en vísperas de acceder a la pensión de vejez, determinando la protección de estabilidad laboral reforzada para prepensionados.
El Proyecto de Ley 002 del 2015 del Senado de la República, propone el reconocimiento de la protección especial de estabilidad laboral reforzada para aquellos empleados que se encuentren en un período próximo a ser pensionados, de modo tal que se pueda garantizarel derecho a la pensión y no se vean afectados en los tiempos próximos al acceso de este derecho, en consideración de que a una persona ad portas de cumplir con los requisitos para pensionarse se le dificulta la vinculación al mercado laboral, y por ende, un despido podría significar un cese de aportes que terminan por vulnerar sus derechos.
Dentro del proyecto de ley se propone el reconocimiento de una calidad especial a quienes se podrán denominar como –prepensionados– por su proximidad a cumplir con la totalidad de los requisitos para acceder al derecho a la pensión, determinando que el tiempo para la consideración de la proximidad es de 3 años.
El proyecto busca tener alcance a todos los trabajadores del sector privado que se encuentren en situación de prepensionado.
Se considerara como prepensionados a todos aquellos trabajadores del sector privado que se encuentren en un período igual o inferior de tres años previos a cumplir con los requisitos de edad o tiempo de servicio para poder hacer efectivo el derecho a la pensión de vejez.
¿Hasta qué momento se debe garantizar la estabilidad laboral reforzada?
La iniciativa legislativa propone, que el trabajador sea protegido bajo la figura de estabilidad laboral hasta el momento en que la pensión les sea reconocida por la entidad de previsión social a la cual se hayan hecho los aportes a pensiones, y se logre la inclusión de dichos trabajadores en nómina.
Además de garantizar el derecho al trabajo y su protección como labor del Estado, quien debe garantizar el mínimo vital y la igualdad de quienes, por su condición de vulnerabilidad por su avanzada edad, no pueden acceder al mercado laboral o productivo, y se encuentran en una situación de prepensionados por edad, tiempo o semanas cotizadas.
Como aplica de manera general para todos los casos en los que se garantiza la protección a través de la figura de estabilidad laboral reforzada, en caso de que el empleador tenga las pruebas necesarias para certificar que el despido se genera por una justa causa, debe solicitar que la causa sea reconocida por la entidad respectiva, es decir, por un inspector de trabajo, quien tendrá la responsabilidad de inspeccionar la no vulneración de los derechos y cerciorarse de que la motivación para la desvinculación del empleado no sea la avanzada edad.
En la jurisprudencia se ha determinado que la protección de derechos como el del trabajo o la seguridad social, deben trascender del principio del derecho adquirido, y se deben salvaguardar desde el fundamento del amparo de las expectativas legítimas, que incluye las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico. Por tanto, la legislación debe trascender de la protección de los derechos adquiridos por las personas, para cuidar incluso las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez.
Dentro de la exposición de motivos presentada por el Congreso de la República, se presentaron varios estudios y estadísticas del DANE, con las cuales se sustenta que la duración e incidencia del desempleo es influida por la edad y por los niveles educativos.
Expresado de otra manera, el desempleo, para las personas jóvenes, es de corta duración, pero las instancias de desempleo son muy frecuentes; mientras que el desempleo para las personas mayores es de baja incidencia, pero de larga duración. Resultados que se asegura pueden responder a situaciones de obsolescencia de las competencias, con situaciones de discriminación y otras que hacen difícil para las personas obtener ofertas de empleo razonables, que se ajusten al perfil profesional y económico.
En conclusión
Con el Proyecto de Ley 002 del 2015, se pretende proteger, de manera especial, a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que por su avanzada edad y encontrarse próximos al reconocimiento de la pensión de vejez, su cesación laboral afectaría directamente la posibilidad de cumplir los requisitos de ley para acceder a la pensión, ocasionando así una afectación al mínimo vital, al derecho al trabajo y la seguridad social.
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